Pobreza energética
Más de 20 organizaciones sociales reclaman la creación de una tarifa social de la luz al futuro gobierno

Quedó fuera de la Ley de Vivienda y las soluciones dadas en esta legislatura apenas han abordado la gravedad de la situación. Según 21 organizaciones sociales, la pobreza energética debe ser una prioridad del Gobierno que surja de las elecciones del 23J.

Para alcanzar este objetivo, una veintena de colectivos, entre los que figuran Ecologistas en Acción, Alianza contra la Pobreza Energética, Amigos de la Tierra o Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, iniciarán una ronda de reuniones con los principales partidos políticos.

Además de los altos precios de la energía, las consecuencias ya evidentes de la crisis climática obligan a tomar partido y colocar la pobreza energética en el centro de las políticas sociales. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2022, hasta el 17% de los hogares españoles sufren distintos grados de pobreza energética, una problemática que se agudiza en invierno, cuando son cientos de miles de hogares los que no pueden utilizar medios para calentar sus viviendas o deben renunciar a otros gastos para poder sufragarlos, y en verano, donde se prevén nuevas olas de calor extremo.

Según los firmantes, estas olas de altas temperaturas fueron responsables solo en España de 4.700 muertes en 2022. “Las consecuencias de las dificultades para refrigerar la casa en verano, situación que viven el 25% de hogares europeos, pueden llegar a ser muy severas para la infancia, la gente mayor o personas con afecciones previas de salud”, sostienen en un comunicado.

Para combatir este problema, estas 21 organizaciones reclaman la prohibición de los cortes de suministros de agua, luz y gas en los hogares vulnerables y la creación de un plan para afrontar la deuda acumulada durante la moratoria de cortes que lleva aplicándose desde 2020.

Estos colectivos defienden también la necesidad de automatizar y ampliar el bono social eléctrico, limitando las “trabas burocráticas” para acceder a esta ayuda

Otra de las propuestas es la creación de una tarifa social de electricidad que se adapte a las posibilidades de cada hogar para garantizar el derecho a los suministros básicos de forma universal. Esta tarifa no debería estar sujeta a la “volatibilidad del mercado mayorista o al precio de mercados a futuro”, sino que tendría un precio estable revisable de forma semestral y vinculado al precio de la vida.

Estos colectivos defienden también la necesidad de automatizar y ampliar el bono social eléctrico, limitando las “trabas burocráticas” para acceder a esta ayuda. Para ampliar la cobertura de las ayudas, estas organizaciones piden que todas las comercializadoras puedan ofrecer el bono social, una prerrogativa que actualmente solo las grandes compañías tienen.

Las medidas aprobadas dentro del escudo social son calificadas de positivas por estas organizaciones, pero critican que su aplicación sea temporal y elevan la necesidad de una ley que las convierta en estructurales. Entre las medidas que deberían entrar en el ordenamiento jurídico se encuentran la prohibición de cortes de suministro en determinados supuestos, el aumento de los beneficiarios del bono social, la bajada de impuestos a la energía que pagan los consumidores o los topes al incremento del precio del gas natural.