Perú
El Gobierno de Boluarte, investigado por genocidio por las 46 muertes desde el comienzo de las protestas

Yamileth Aroquipa, adolescente de 17 años, estudiante de Psicología y voluntaria en un albergue de animales abandonados de la ciudad de Juliaca es la víctima más joven en la relación de fallecidos que el Ministerio de Salud ha facilitado sobre la masacre de Juliaca, ciudad situada en la región de Puno, en el sureste del país. El medio peruano Wayka ha publicado un perfil de esta joven, una de las fallecidas durante la jornada más sangrienta desde el inicio de las protestas en Perú, en las que ya se cuentan 46 fallecidos y cientos de heridos.

Además, hay cuatro pacientes en estado crítico en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Juliaca, donde también se cuentan más de 50 heridos. Hoy, 11 de enero, es el segundo día de duelo de los tres declarados por el Gobierno regional de Puno.

Los hechos tuvieron lugar en los alrededores del aeropuerto de Juliaca. La policía abrió fuego contra una multitud de 2.000 personas. Los primeros indicios forenses, recogidos por Wayka, sugieren que la Policía Nacional Peruana pudo usar balas explosivas, del tipo dum dum, durante la represión.

Perú después de Castillo

Paulo Drinot

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Sidecar

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Paulo Drinot

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La abrupta salida de Pedro Castillo del poder en Perú deja un momento de punto muerto entre el fujimorismo y el antifujimorismo que puede ser aprovechado por otros sectores reaccionarios.

Ante la presión de grupos de derechos humanos y de instituciones como la Conferencia Episcopal, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Unión Europea, la oficina de las Naciones Unidas en el Perú, la Fiscalía general de Perú ha iniciado una investigación por genocidio dirigida contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, en el ojo del huracán junto al primer ministro, Alberto Otárola, que este martes salvó una moción de confianza en el Congreso que le habría obligado a dimitir.

La investigación por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves se extiende también a los ministros del Interior y de Defensa. Las investigaciones se centran en la represión de manifestaciones en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

🚨#LoÚltimo:
La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta de la República, Dina Boluarte; presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez. pic.twitter.com/IPjwWuWbQg

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 10, 2023

Otárola fue el encargado de defender la actuación de las fuerzas del orden que causaron la matanza: "Se han producido muertes de compatriotas que por supuesto que lamentamos, muertes que expresan una responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de Estado en el país”, recitó en un mensaje a la nación peruana.

Las protestas en Juliaca y otros puntos del país siguen defendiendo una agenda de transformación: la dimisión de Boluarte, nuevas elecciones, el cierre del Congreso y una Asamblea Constituyente al estilo del proceso que ha tenido lugar en Chile.

La defensa del Gobierno de Boluarte y Otárola sigue basándose en la manipulación de los manifestantes por Pedro Castillo, quien permanece en prisión desde los hechos de diciembre, en una supuesta injerencia extranjera —el demonio escogido es el expresidente boliviano Evo Morales— y en la denuncia del ‘terruqueo’, sinónimo de terrorismo empleado en la actualidad (y en el pasado) para criminalizar a quienes desarrollan acción política contra los poderes establecidos en Lima.

Boluarte ha denunciado a “la izquierda radical” como actor detrás de las protestas y ha recordado que el Congreso aprobó el adelanto de las elecciones a 2024 —y no a 2023, como pretenden los sectores que han protestado la defenestración de Castillo.

“Se ha generado una narrativa para garantizar ciertos niveles de impunidad a policías y militares”, explicaba recientemente en El Salto Glatzer Tuesta, periodista y director del Instituto de Defensa Legal (IDL).