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Navarra
Investigan por prevaricación y malversación al consejero navarro de Desarrollo Económico, Manuel Ayerdi
El Tribunal Supremo investiga la concesión irregular a la empresa quebrada Davalor Salud de 2.600.000 euros en seis préstamos entre 2015 y 2017, cuando Ayerdi ocupaba los cargos de vicepresidente del Gobierno de Navarra, consejero de Desarrollo Económico y presidente de Sodena.
El Tribunal Supremo ha abierto una causa penal contra el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Manuel Ayerdi, por dos presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos en la concesión a la empresa Davalor Salud SL de seis préstamos por un importe de 2.600.000 euros entre 2015 y 2017. El investigado era entonces vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, consejero de Desarrollo Económico y presidente de Sodena, la Sociedad de Desarrollo de Navarra (un organismo público de ayuda a empresas navarras con fondos públicos). Es miembro del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
La demanda ha sido instada por el también partido conservador Unión del Pueblo Navarro (UPN) el pasado junio y la sala segunda del Tribunal Supremo ha confirmado hoy que ha abierto una causa tras el estudio de la querella, al considerar que, “tras una valoración muy provisional”, los hechos “podrían ser constitutivos de los citados delitos”.
Asimismo, la sala señala que “Manuel Ayerdi reconoció en una comparecencia pública en julio de 2018 que la decisión de invertir en Davalor Salud obedeció a ‘una corazonada’ y que tomó la decisión con un ‘carácter totalmente personal’, según los hechos recogidos en la querella”.
Los seis préstamos concedidos a la empresa se tramitaron mediante la Ley Foral que permite operar “de urgencia”. Mediante este trámite no se recabó la autorización expresa del Parlamento de Navarra.
Davalor Salud empleó los 2.600.000 euros concedidos de fondos públicos para pagar a un acreedor y hacer frente a las necesidades urgentes “en lugar de para impulsar el proyecto que motivó la concesión del préstamo”, indica la querella
Davalor Salud empleó los 2.600.000 euros concedidos de fondos públicos para pagar a un acreedor y hacer frente a las necesidades urgentes (gastos de personal, cuotas atrasadas de la Seguridad Social y deudas), “en lugar de para impulsar el proyecto que motivó la concesión del préstamo”, indica la querella. En julio de 2018, Davalor Salud fue declarada en concurso, a instancias de un acreedor.
En declaraciones al diario Noticias de Navarra , el socio cofundador de Davalor Salud, Andrés Escudero, afirmó en febrero que las cuentas de la empresa del ejercicio 2014 ya reflejaban que estaba en quiebra y que, en 2015, la compañía era “prácticamente un cadáver empresarial”. Los préstamos concedidos por el consejero económico datan de 2015, 2016 y 2017.
Para otorgar los más de dos millones y medio, UPN considera en la querella que el consejero económico no respetó los procedimientos de control internos, “pese a que conocía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia”.
Davalor Salud se describía en Lindkin como una “start-up fundada en enero de 2011 y que, en 6 años de desarrollo, ha conseguido hacer realidad el objetivo de hacer accesibles al 100% de la población servicios de salud visual funcional de manera autónoma y automática a través del Entrenador de la Visión Automatizado (EVA). Este dispositivo es el primero y único en el mundo capaz de medir hasta 75 parámetros de la función visual, incluyendo la graduación objetiva y subjetiva de la vista”.