Migración
Resistencia y solidaridad frente a la política del bloqueo en Canarias

El plan a priori es simple: retener a las personas migrantes que van llegando a las costas Canarias, alojarlas primero en los hoteles, ahora en macrocampos. Llegar a acuerdos con los países de tránsito o los de origen para su deportación. El problema del plan es que parte de la premisa de que quienes llegan son números sin la capacidad de rebelarse ante el estrecho destino que las políticas migratorias españolas, como parte de las europeas, les depara. Tampoco cuenta este diseño con el hecho de que redes de solidaridad cada vez más activas se nieguen a aceptar que sus islas se conviertan en una cárcel donde se vulneran derechos humanos.

Resistencia por parte de las personas migrantes, y solidaridad de las poblaciones locales. Estos dos factores se han conjugado en las afueras del campo Las Raíces. El pasado lunes, un grupo de los migrantes derivados a esta instalación llena de hileras de tiendas blancas, dijeron, basta. Desde su apertura y la de otros campos similares, han circulado imágenes en las redes, entre los teléfonos, que resuenan a episodios ya vividos en las islas griegas o en los Balcanes. Tiendas inundadas, lodazales, baños anegados, gente haciendo largas filas para comer. 

Solidaridad

Cuando el grupo de internos en el campo se animó a salir de Las Raíces y denunciar su situación durmiendo al raso, fuera del recinto, no estuvo solo. Allí se encontraron con las activistas y vecinos que conforman la Asamblea de Apoyo a Migrantes. Tres días después, eran más de cincuenta las personas migrantes que seguían pernoctando fuera del campo y la comunicación entre todas era más fluida gracias a la presencia de intérpretes. Pudieron así manifestar su cansancio, y la necesidad de algunas de asistencia médica. Con todo, y a pesar del frío y humedad de la zona, “están dispuestas a continuar con su protesta hasta que se den soluciones y respuestas a su situación. Aunque han recalcado numerosas veces las malas condiciones del campamento, su principal demanda es poder continuar con su viaje y no seguir encerradas tras más de tres meses”, relatan desde la asamblea .

Las personas que duermen fuera del recinto “están dispuestas a continuar con su protesta hasta que se den soluciones y respuestas a su situación. Su principal demanda es poder continuar con su viaje y no seguir encerradas tras más de tres meses”

Este colectivo, que no cuenta ni con dos semanas de existencia, nace precisamente en el aniversario de Tarajal, durante una manifestación en memoria de quienes perdieron su vida por la violencia policial en la frontera, en ese 6 de febrero de hace 7 años. En la concentración también se denunciaba la construcción de macrocentros. En un contexto en el que “las diferentes islas comenzaban a convertirse en cárceles para personas migrantes que llevaban más de tres meses sin poder continuar con su ruta migratoria deseada. Colectivos y vecinas decidimos unirnos para apoyarlas”, explican desde la asamblea. Un apoyo que incluye responder a necesidades básicas, pero también denunciar lo que sucede.

“Creo que la situación en Las Raíces es el claro ejemplo de un proceso de autoorganización cuando se llega al límite”, valora la activista Koldoví Velasco, quien se refiere a “la frontera espectáculo” como una frontera que “que nos manda un mensaje a la población interior, el de la sumisión, y da un mensaje a los que llegan de otros territorios y el de la represión”.

A este esquema se suma la intensificación del racismo,  algo que las personas racializadas que integran la asamblea y las propias migrantes experimentan. “También hemos podido percibirlo de manera significativa en las conversaciones que se escuchan en la calle, los bulos, la manera en que algunos medios de comunicación hablan de los compañeros migrantes o los comentarios que hay en las publicaciones que realizamos en redes sociales”, admiten. Sin embargo, destacan la gran oleada de solidaridad que está levantándose en las islas en las que se multiplican colectivos, redes y personas que responden a esta situación apoyando a las personas migrantes.

Una solidaridad que contrasta con la mirada securitaria de la administración. “La securitización de la isla ha aumentado de manera desproporcionada, especialmente cerca del campamento y en San Cristóbal de la Laguna. Las prácticas de las fuerzas del Estado han llegado hasta puntos cuestionables dentro de la legalidad”, constatan. Integrantes de la asamblea relatan a El Salto que algunas personas migrantes denuncian que la policía nacional les ha sustraído sus pasaportes al encontrarlas caminando cerca del recinto. También, cuenta un activista, se está impidiendo que menores puedan acceder a los procedimientos que demuestren que no son adultos.

Menores

De hecho la semana pasada, saltaba a los medios la huelga de hambre protagonizada por un grupo de 27 menores alojados en el hotel Playa Real de Tenerife.  Inés, voluntaria de la Cruz Roja, dio la voz de alarma cuando descubrió que entre las personas atendidas en este hotel había algunos que parecían muy jóvenes, que claramente no eran mayores de edad. Y sin embargo estaban ahí, mezclados con los adultos. Inés, su marido senegalés, Ndongo, que pudo hablar con los chavales en su idioma, y otras personas no adscritas a ninguna organización, empezaron a movilizarse para visibilizar la situación: por un lado los chicos contaban que habían dicho ser mayores de edad porque así se lo había aconsejado un intérprete. Por otro lado, ni la propia Cruz Roja, ni las diversas administraciones, a cuyas puertas llamó Inés, parecían dispuestas a hacer nada al respecto.

Cuando se habla de menores en las islas se incluyen varios supuestos, afirma Loueila Mint El Mamy —abogada saharaui que asiste a personas que arriban a Canarias— “hay menores que mal asesorados declaran que son mayores de edad para quedarse aquí, menores que están pendientes de que se les determine la minoría de edad, y después otros menores a los cuales ya se les ha realizado el procedimiento y hay un decreto de Fiscalía que ha establecido que son mayores de edad en base a las pruebas”.

Los menores que se declaran como tales se encuentran con que sus partidas de nacimiento no son aceptadas. Solo se aceptan pasaporte o carnet de identidad, documentos que muchos de ellos nunca han tenido

Los menores que se declaran como tales se encuentran con que sus partidas de nacimiento no son aceptadas por parte de la Fiscalía de menores de Tenerife, explica El Mamy, solo aceptan pasaporte o carnet de identidad, documentos que muchos de ellos nunca han tenido. “Hay que darle valor probatorio a sus partidas de nacimiento, y en este caso al interés superior del menor que señala que debe estar en protección de menores de la Comunidad Autónoma en tanto se resuelva su procedimiento”. Esta activista recuerda cómo hasta el Comité de Derechos del Niño “ha señalado que Canarias no lo está haciendo bien, y no lo están haciendo bien porque siempre hay una presunción de culpabilidad por encima de la ley de protección jurídica del menor”, acota.

Así, narra la abogada, en las islas hay menores que pasan meses esperando en un hotel, otros que han sido declarados mayores por pruebas que no son consideradas fiables, y menores que han de decidir si declararse mayores de edad por miedo a quedarse retenidos en las islas. “Hemos visto no hace mucho un vídeo de unas personas que colaboraban con un dispositivo y amenazaban a migrantes menores que estaban desesperados porque se les realizara las pruebas que determinaran su minoría de edad. Esto no puede suceder”, cuestiona.

El vídeo al que se refiere la abogada, lo grabaron los menores del hotel donde colaboraba Inés. Cuenta que ante la huelga de hambre uno de los chicos se encontró mal y la ayuda tardó mucho tiempo en llegar. Mientras, dos trabajadores trataban mal tanto al chico indispuesto como a sus compañeros en huelga. Inés celebra que Cruz Roja reaccionase echando a los trabajadores implicados en este tipo de prácticas, pero no puede olvidar que los menores siguen ahí, y muy pronto serán derivados a Las Raíces y posiblemente deportados.

“Dicen que no hay centros para ellos, ¿pero no podrían haberlos metidos en distintos hoteles, al menos?”, se pregunta. Tampoco entiende por qué los menores no van a tiendas separadas en el campo de Las Raíces. La tensión entre quienes llevan retenidos meses en las islas es alta y le preocupa cómo les va a ir, pues su protesta ya ha sido recibida por algunas personas en el hotel como una forma de ponerles en riesgo a todos. 

En esta situación, Inés, Ndongo y el pequeño grupo de activistas que ha estado acompañándolos no saben qué hacer. La voluntaria considera que Cruz Roja juega un papel imprescindible, pero al mismo tiempo le preocupa que se pliegue a situaciones, como la que ella misma ha denunciado, que entiende son inaceptables.

Desde la Asamblea se pronuncian con claridad: “Las ONGs encargadas de los diferentes recursos donde han estado las personas migrantes, ACCEM y Cruz Roja, no están siendo transparentes sobre el futuro de los compañeros ni están cubriendo sus necesidades básicas”, señalan. Para El Mamy, el rol de estas organizaciones está totalmente relacionado con su dependencia económica de la administración.

“Hemos dejado que las ONGs gestionen sin que se realicen traslados, no han sido capaces de detectar solicitantes de protección internacional en sus dispositivos. Es esencial que existan ONG que sean ONG, no tentáculos del ministerio de inclusión”

“Hemos dejado que las ONGs gestionen sin que se realicen traslados, ONGs que dependen económicamente del Ministerio y que están saturadas, y no han sido capaces de detectar solicitantes de protección internacional en sus dispositivos. Hemos dejado que estas ONG filtren a las personas. Es esencial que existan ONG que sean ONG, no tentáculos del ministerio de inclusión”, explica.

La abogada reconoce que hay muchas personas dentro de las organizaciones que quieren cambiar las cosas, pero matiza que eso no evita que la dependencia de estos grandes contratos “te limita y hace que no denuncies esa realidad por las consecuencias que pueda tener”.

Atrapados

Roberto, activista de Canarias libre de CIE, acompañó a Inés y sus compañeros cuando denunciaron la situaciones de los menores en el hotel, y ahora también apoya a quienes pernoctan al lado de Las Raíces, participando en la asamblea. Define la situación como un caos. “Los trámites están siendo muy difíciles, les dicen a muchos que no firmen la solicitud de protección internacional, parece que todo lo hacen con el fin de poder deportar a la mayoría”, afirma. Al tiempo, denuncia la opacidad del campo: “Ahí dentro no puede entrar nadie, la única información que tenemos es la que nos cuentan los chicos, algunos vídeos. No podemos hacer nada: hay setecientas personas, algunas llevan cuatro meses sin saber qué va a pasar con ellas. Es normal que haya conflicto”.

El abogado Daniel Arencibia señalaba ya hace semanas, en conversación con El Salto, las consecuencias de retener contra su voluntad a tantas personas en las islas, determinación que ha acabado generando una “olla a presión”: “Aquí estarán con la sensación de que han fracasado ante sus familias, que se habrán esforzado para tener fondos para que el hermano mayor pueda viajar, y con la sensación de que han fracasado ante sí mismos, que han sido engañados de alguna forma por el mafioso que los trajo. También se sienten estafados porque desde la administración les dicen que pueden volar si tienen pasaporte, y no pueden”.

En Las Raíces “se quejan de que cuando hay algún roce o pelea la policía llega al toque y que sin embargo cuando alguien necesita asistencia sanitaria les contestan que mañana, y a veces mañana es nunca”

El abogado cree que esta situación tiene fácil solución, dejar de retenerles, permitir que se reúnan con sus familias en un entorno sin la ansiedad y el estrés que les provoca la incertidumbre. Activistas que participan en la asamblea contaban a El Salto el miércoles cómo las personas que están pernoctando en el exterior del campo les han hablado del ambiente tenso, derivado también de meter a 32 personas en cada carpa, procedentes de distintos países y que no comparten idioma, lo que puede dificultar la convivencia. “Las personas se quejan de que cuando hay algún roce o pelea la policía llega al toque y que sin embargo cuando alguien necesita asistencia sanitaria les contestan que mañana, y a veces mañana es nunca”, denuncian.

Respecto a las condiciones, reportaban que no hay comida suficiente y quienes llegan los últimos a la fila pueden volver de manos vacías. Se sienten aislados —el campo queda lejos de la ciudad—, pasan mucho frío y no hay agua caliente para todos. Las activistas alertan de que viene una borrasca y las temperaturas descenderán en breve. A las personas que están durmiendo al raso les dieron 72 horas para volver dentro del campamento. Dentro o fuera, están atrapados.

Suspensión de derechos fundamentales

Tras meses de presenciar la violación de derechos fundamentales con la excusa de que no se podría gestionar la llegada de unas “26.600 personas en los últimos 19 meses”, cuenta El Mamy, organizaciones, plataformas, colectivos, letradas y letrados están intentando enfrentar la situación. Pero lo que se hace desde las distintas comisiones de trabajo, los esfuerzos de las personas implicadas, se topa con el mismo muro con el que chocan quienes migran: “Estamos viviendo lo que sucede desde la impotencia, la frustración y la rabia. Acompañar a los compañeros que se encuentran en los campamentos y otras instalaciones racistas de la isla, es un proceso doloroso, pues gran parte de sus demandas no son cosas que nosotras podamos cubrir”, admiten desde la asamblea.

Poco pueden hacer mientras el Ministerio de Exteriores llega a acuerdos de devolución, el de Interior bloquea el acceso a la península, el de Inclusión ofrece macrocentros de emergencia, donde se pasa frío y hambre, y el Gobierno autonómico, reacciona como si las primeras pateras no hubiesen llegado en el '94. “A nivel general, nos encontramos con que las políticas migratorias del Gobierno de España y de la Unión Europea actúan de forma racista y deshumanizadora con las compañeras, atendiendo solamente a intereses económicos y acuerdos preestablecidos que no tienen en cuenta la situación de las personas”, resumen desde la asamblea.

Se trata de “políticas migratorias que presentan la migración como amenaza, cuando es un fenómeno natural, mientras defiende las fronteras como un fenómeno natural, cuando son ellas las que son artificiales”, en palabras de Velasco, para quien lo que está pasando en Las Raíces, este “proceso de organización popular”, confronta el discurso de la construcción del enemigo con “otros modelos de defensa, de seguridad”, que parten del apoyo mutuo y de la condición de vecindad.