Migración
Mujeres migrantes: abrir camino entre el racismo y el patriarcado

El 20 de junio se conmemora el día internacional de las personas refugiadas. Los motivos para buscar protección internacional son múltiples, entre ellos, hay uno al que se acogen fundamentalmente mujeres: el asilo por violencia de género. “La condición de refugiada se reconocerá a las mujeres víctimas de violencia de género que, debido a un fundado temor de ser perseguida por motivos de género, de pertenencia a un grupo social determinado u orientación sexual, se encuentran fuera de su país de origen y no pueden o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país”, reza la web de Igualdad del Gobierno.

Pero, ¿qué pasa cuando la violencia de género se ejerce en el Estado Español contra las mujeres migrantes?¿Pueden las mujeres salir de esas situaciones? Las condiciones de las mujeres que migran se asientan en marcos de vulnerabilidad que favorecen que caigan en relaciones de violencia de género y dificulta su salida de las mismas.

Una vulnerabilidad que acaba siendo letal, en su propia variante necropolítica: “Las estadísticas muestran que las víctimas mortales de violencia de género que eran extranjeras supusieron el 33% sobre el total de mujeres asesinadas en España entre 2003 y 2019”.

La cita anterior proviene del informe Tirar del hilo, presentado el pasado jueves 17 de junio. El documento, un trabajo de investigación firmado por AIETI y Red Latinas, se basa en entrevistas en profundidad a 19 mujeres migrantes que sufrieron violencia de género. Sus orígenes, formaciones, edades son diversas y sin embargo hay factores que se repiten. Uno de ellos, sus dificultades para acceder a protección y apoyo institucional. Así, pese a suponer un tercio de las víctimas mortales de violencia machista, “sólo el 8% de beneficiarias de las ayudas en materia de violencia machista entre 2006 y 2015 eran extranjeras”.

En el citado informe se señala que, a pesar de ser una parte importante de estas víctimas, no parece que la situación de estas mujeres esté entre las prioridades de las políticas públicas contra este tipo de violencia. Así, el Pacto contra la Violencia de género, aprobado en  2017: “incluía 300 medidas articuladas en 10 ejes, de los cuales solo dos contaban con medidas relativas a la situación de las mujeres migrantes”. Un déficit de concepción que continúa en la aplicación de las normas: “La posición de superioridad por etnia, clase o género de agentes e instituciones en el ámbito de protección y atención, condicionan la mirada y evaluación de estos casos”, afirman, apelando a su experiencia, las organizaciones implicadas en la investigación. 

El informe, elaborado a partir de un amplio ejercicio de escucha profunda recorre las muchas limitaciones que sufren las mujeres migrantes víctimas de violencia de género en el que se considera uno de los Estados con una legislación más avanzadas en esta materia. Situaciones de aislamiento, dependencia, baja autoestima, en un marco de desprotección jurídica y material propiciada desde el mismo Estado, a través de la Ley de Extranjería. 

Una mirada reducida, centrada en la denuncia de la violencia física que acaba pasando de puntillas por la violencia psicológica o sexual. “Al recoger denuncias, los agentes de seguridad o judiciales no abarcan la complejidad de los casos de violencia machista. Se rechazan elementos de violencia ocurridos en el pasado y/o en el país de origen de la víctima”, apuntan en el informe. La mirada patriarcal, y una concepción limitada de la violencia de género, estrechan la puerta de salida de relaciones violentas sostenidas en base a la precariedad y vulnerabilidad de las mujeres, en su incierta situación administrativa, o en la necesidad de seguir cuidando y manteniendo económicamente a sus hijos e hijas.

Así como muchas mujeres huyen de la violencia de género y buscan refugio en el Estado español, muchas otras, encuentran la violencia una vez llegan al país de la mano de una pareja española o residente con la que esperan construir un proyecto de vida

De hecho, así como muchas mujeres huyen de la violencia de género y buscan refugio en el Estado español, muchas otras, (varias de las entrevistadas en el informe) encuentran la violencia una vez llegan al país de la mano de una pareja española o residente con la que esperan construir un proyecto de vida aquí. “Son frecuentes los casos de mujeres que se desplazan para encontrarse con una nueva pareja maltratadora”, la diferencia de poder es aún mayor “en el caso de parejas trasnacionales en las que él es español”.

Muchas de estas mujeres se ven cercadas en un régimen de aislamiento, miedo y deshumanización durante años, con parejas que las dejan en el lugar de cuidadoras u objetos sexuales, un espacio de subalternidad difícil de quebrar por la ineficacia de la protección estatal —en el informe se denuncia cómo en muchos casos solo se toma en cuenta la violencia física, y solo si sucede cuando se llama a la policía. Todo esto en un contexto que liga el destino de las mujeres migrantes al de sus parejas.

“En un país nuevo y desconocido, la soledad es un elemento clave en los casos de violencia machista. Las mujeres maltratadas sufren falta de credibilidad en todo el proceso de denuncia y juicio. A esto se suma el racismo, clasismo, soledad en un país y cultura ajenos…”, resume contundentemente el informe. Mantener la denuncia, seguir el proceso judicial, abordar trámites como el divorcio o la custodia de los hijos, resulta todo un desafío al que estas mujeres se enfrentan muchas veces sin conocimiento de la normativa, con abogados de oficio desmotivados, y careciendo de una red que acompañe. 

“La normativa española en esta materia, regula medidas de protección específica hacia las mujeres migrantes víctimas, por ejemplo, cuando están en situación de irregularidad jurídica o su autorización de residencia depende del agresor”. Como se afirma en el informe, la ley contempla este tipo de circunstancias específicas y sin embargo “la condición misma de extranjería determina un estatuto jurídico diferencial, que aboca a las mujeres migrantes a situaciones sociales, económicas, residenciales y familiares difíciles. Dicho estatuto y las condiciones vulnerables que determinan crean obstáculos para que las víctimas de violencia de género puedan pedir ayuda institucional”.

Vulnerabilizadas por la ley

¿Cómo se pueden dar estas situaciones de vulnerabilidad? Para la activista antirracista Marita Zambrana, de SOS Racismo Madrid, es importante pensar desde dónde se crean y formulan las leyes. “Por lo general las personas racializadas y migrantes no accedemos fácilmente a un lugar de poder y de decisión por lo cual cuesta mucho que en esos espacios donde se generan las leyes y políticas que luego afectan a nuestras vidas haya personas que tengan esa mirada antirracista y feminista necesaria”.

La mirada, también, de quienes han transitado personalmente o les resultan familiares situaciones como las descritas en el informe, que documenta cómo muchas de ellas, al haber sido empujadas a ocuparse de los cuidados, o trabajar en el negocio del marido desde una óptica familiar, han sido despojadas de recursos económicos, una dependencia que hace de una separación, o de la salida de una situación de violencia, una odisea, cuando no hay apoyo institucional.

Pero de fondo está siempre la cuestión de ilegalizar los proyectos de vida y hasta las vías de supervivencia de las personas. “Se maneja mucho este tema de las vías seguras, que queremos que la gente venga por vías legales al país, eso estaría buenísimo si no existiese una ley de extranjería que nos deshumaniza, nos ilegaliza y nos criminaliza por intentar iniciar un proyecto migratorio que es humano y que ha existido siempre”. Una ley de extranjería, apunta Zambrana, que vulnerabiliza a las personas y las hace aceptar trabajos mal pagos, les despoja de poder para negociar términos laborales, o les impide separarse de su maltratador.

“La supervivencia es lo que prima y hace que se acepten condiciones laborales, condiciones salariales que cualquier otra persona no aceptaría pero al tener tan restringidas las opciones de obtener un ingreso, pues al final se coge lo que se puede”

“La supervivencia es lo que prima y hace que se acepten condiciones laborales, condiciones salariales que cualquier otra persona no aceptaría pero al tener tan restringidas —si es que las hay— las opciones de obtener un ingreso, pues al final se coge lo que se puede”. Un ejemplo paradigmático de esta trampa es el del trabajo de interna. Única posibilidad para muchas mujeres. La necesidad de tres años de arraigo para formalizar la situación residencial de las personas posibilita que miles de mujeres trabajen en negro en el sector de los cuidados y en particular como internas. Una brecha de poder que muchas veces se ve concretada en explotación laboral o incluso violencia sexual, como se documenta en un caso del informe Tirar del Hilo, o en otro trabajo de investigación, de la organización Por ti Mujer, que aborda este tipo de violencia en el ámbito de las empleadas domésticas. 

Zambrana considera que hay un sustrato de racismo social, una subestimación de las capacidades de las mujeres migrantes que les impide llegar, en muchos casos, a puestos acordes a su formación. Este bajo reconocimiento social y baja retribución salarial tiene efectos dramáticos sobre el proyecto migratorio de muchas mujeres que migran con el propósito de mantener a sus hijos, y también de traerlos al país. “Si los ingresos están restringidos, la calidad de vivienda que puedas ofrecerle a la familia que quieras reagrupar está bastante restringida”, sin embargo, se solicitan unas condiciones, reflexiona la activista, que no podrían cumplir en muchos casos ni familias autóctonas. “No se mira esta necesidad y esa realidad que vivimos las mujeres”. 

Tres años de vulnerabilidad institucionalizada

Marina Díaz, del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, conoce bien estos procesos: a la cuestión de la necesidad de ingresos y no poder encontrar un empleo en otro sector, se suma el miedo a ser expulsada por la situación irregular, por lo que pasar tiempo como interna en una casa parece ventajoso cuando se teme que en la calle te detenga la policía. Por otro lado “venimos con una deuda la mayoría, queremos pagar esa deuda, queremos ayudar a la familia, es la forma en la que podemos ahorrar para poder pagar todo eso”.

Todo a cambio de trabajo a destajo, con términos no delimitados y horarios eternos. “A una la contratan para llevar la casa, pero en esas tres palabras cabe todo. La seguridad social habla de jornada completa, pero no estipula tantas horas. No estamos dentro del estatuto de los trabajadores que es el que especifica 8 horas. Se nos contrata por jornada completa pero la nuestra es de más de ocho horas, yo trabajo 12 horas diarias”.

Esto redunda en una pobreza de tiempo con efectos en todos los ámbitos: dificultad para romper el aislamiento, para movilizar recursos para separarse, para cuidar a los propios hijos. “Se necesita tiempo para poder acercarse y hacer redes, con la pandemia me pude dar cuenta que nosotros estuvimos con covid todos y, si no hubiera sido por las redes de apoyo, no sé qué hubiera pasado”.

“A una la contratan para llevar la casa, pero en esas tres palabras cabe todo. No estamos dentro del estatuto de los trabajadores que es el que especifica 8 horas. Se nos contrata por jornada completa pero la nuestra es de más de ocho horas, yo trabajo 12 horas diarias”

Así, las redes, las amigas, no son solo fundamentales para salir de las situaciones de violencia, como se evidencia en el informe Tirar del Hilo, también lo son para ocuparse de los cuidados. “Yo lo que he hecho es acudir a apoyos, a gente cercana, amigas cercanas, que me puedan echar una mano, lo que funciona en este sentido es la solidaridad entre las mismas mujeres”. El apoyo sirve para poder seguir trabajando, ingresando recursos, con jornadas interminables. Pero todo este proceso deja huella: “Yo dejé a mis hijos con 9, 7 y dos años con 7 meses mi hija de pequeña. Ellos no logran entender por qué una migra, no lo logran entender, yo he sentido ahora el reclamo de ellos”. El trabajo se come gran parte de la jornada y el activismo para mejorar la vida de todas también exige sus tiempos. 

Todo para salir de un marco de vulnerabilidad legal en el que el trabajo de las cuidadoras no permite vidas dignas: “Considero que en este caso, para mi que las mujeres o el movimiento feminista deberían de ser nuestras aliadas, pero para ello debe de haber una reflexión sobre los cuidados. Va a ser difícil que el movimiento feminista blanco europeo nos pueda entender porque somos migrantes y ellas no han vivido este proceso”.

¿Es posible avanzar hacia una política migratoria feminista? Zambrana considera fundamental la participación de las organizaciones que llevan años trabajando en este ámbito: “se ha de tener en cuenta nuestra perspectiva, nuestras realidades, y nuestro conocimiento. Una política migratoria feminista tendría que tener en cuenta que las vidas de las mujeres están atravesadas por varias opresiones, opresiones que lógicamente nos empujan a una precariedad mucho más profunda”. Reivindican asimismo estudios realistas sobre la situación de las mujeres migrantes en el Estado.

Para la integrante de SOS Racismo Madrid, estas mujeres están vulnerabilizadas no solo por la existencia de la Ley de Extranjería, sino también por la ausencia de otras políticas públicas que considera necesarias para garantizar el acceso a derechos: “Como una ley integral contra el racismo, una ley antirracista que debería estar atravesada también por una mirada de género”.