Ganadería
Cientos de personas exigen en Castilla-La Mancha y Castilla y León una moratoria a las macrogranjas

“Moratoria ya, ni una licencia más” fue el lema escogido por la Coordinadora estatal Stop ganadería industrial para las manifestaciones convocadas ayer en distintos puntos de Catilla-La Mancha y Castilla y León. Toledo, Burgos, Segovia, entre otros puntos, acogieron sendas protestas para exigir a sus respectivas administraciones que dejen de otorgar licencias a proyectos industriales contaminantes.

“A los pueblos nos espera un futuro negro, donde ya no será posible beber agua del grifo porque estará contaminada por los purines de los cerdos”, indicó Inma Lozano, portavoz de la coordinadora y miembro de la plataforma de Pozuelo (Albacete), donde la empresa Cefusa-El Pozo pretende instalar 85.000 cerdos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha acreditó la contaminación del agua en el municipio de Obispalía (Cuenca) a consecuencia de una macrogranja instalada en enero de 2018.

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Medio rural

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Las plataformas ciudadanas contra la implementación de macrogranjas de ganadería intensiva exigen al Gobierno una moratoria que frene las habilitaciones hasta que se evalúe su impacto y reclaman una normativa que regule el tratamiento de purines.

Un total de 25 plataformas y asociaciones vecinales, ecologistas y sindicales se adhirieron a la convocatoria para trasladar su “firme oposición” a la instalación de este tipo de proyectos en sus municipios —y en todos los demás, apuntan, “ni en mi pueblo ni el tuyo”— por los siguientes motivos: “Ponen en riesgo el suministro de agua de boca, ya que cuadriplican o quintuplican el consumo municipal, una macrogranja implica un trasvase de facto; contaminan el aire con las emisiones de gases de efecto invernadero y el agua con los nitratos de los purines, como quedó acreditado en Huerta de la Obispalía, por último, arruinan la vida de muchos municipios. No crean riqueza en los mismos, como intentan vender, sino que generan pocos trabajos precarios, mientras destruyen empleos de la economía de la zona, tanto en el sector turístico como en la agricultura y ganadería tradicional”.

“Donde se instala un proyecto de estos, a los pocos meses llega la ampliación y ya no solo de número de cabezas o naves, nos quieren colar incineradoras de cadáveres y plantas de biogás, como en Villanueva de la Jara o en Cenizate”, alerta Remedios Bobillo

Asimismo, alertan de la estrategia que utiliza el sector de las macrogranjas para primero conseguir una licencia y luego ampliar la instalación: “Donde se instala un proyecto de estos, a los pocos meses llega la ampliación y ya no solo de número de cabezas o naves, nos quieren colar incineradoras de cadáveres y plantas de biogás, como en Villanueva de la Jara o en Cenizate, que no van a hacer más que fastidiarnos la vida a los que quedamos en los pueblos”, alerta Remedios Bobillo, presidenta de Pueblos Vivos de Cuenca. 

En Toledo la manifestación terminó frente a la sede de la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, donde le exigieron a su presidente, Emiliano García Page, una moratoria para las macrogranjas “ante su proliferación desmesurada”, tal y como realizaron en la manifestación del 10 de marzo de 2019, antes de la pandemia. Entonces, cuatro días después, el 14 de marzo, la proposición fue rechazada en las Cortes regionales tanto por el PP como por el PSOE, desoyendo ambos partidos la petición popular. 

Ahora añaden, además de la moratoria, que se ejecute un Plan Estratégico de Ganadería Intensiva sometido a una Evaluación Ambiental Estratégica, “que valore de forma detallada y rigurosa el impacto ambiental acumulado de la ganadería intensiva en Castilla-La Mancha”.