Fiscalidad
Se aprueban los impuestos a las energéticas, la banca y los ricos

El Gobierno de coalición saca adelante los tres nuevos gravámenes
Pedro Sánchez Montero Díaz PGE Congreso
En la sesión del 24 de noviembre, el Pleno ha dado luz verde a los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y los tres nuevos gravámenes.
25 nov 2022 00:48

Más allá de media noche, con una votaciones diputado por diputado a petición de Más País y tras un debate por parte de la extrema derecha en la misma línea que ayer, los tres nuevos impuestos pasan el examen parlamentario.

Con 186 votos a favor, 152 en contra y 10 abstenciones, la Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales al sector energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas ha sido aprobado.

El impuesto a las grandes energéticas, que ha sido descafeinado en estos últimos días excluyendo el mercado regulado y los beneficios obtenidos en otros países, finalmente será sobre el volumen de negocio en vez de sobre beneficios. Las energéticas deberán pagar un 1,2% de sus ventas. Hacienda pretende recaudar cerca de 2.000 millones anuales durante los dos próximos periodos.

El impuesto a la banca gravará al 4,8% el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras, también conocido como el margen de intermediación. Con ello se intenta que las entidades aporten más por el aumento de beneficios que están obteniendo gracias a las subidas de tipos del Banco Central Europeo. Con este impuesto temporal, el Gobierno pretende recaudar 1.500 millones de euros al año.

El impuesto de solidaridad de las grandes fortunas se paga de forma progresiva. De tres a cinco millones de euros se paga un 1,7%, desde ese escalón hasta los diez millones se abona el 2,1%. Lo que supere los 10 millones de euros pagará un 3,5%. El impuesto estatal tiene el mismo mínimo exento de 700.000 euros, otras exenciones como los primeros 300.000 euros del valor de la vivienda habitual y también son restadas las deudas. Con este nuevo impuesto, el Gobierno pretende recaudar 3.000 millones en los próximos dos años.

Tras ser aprobado por el Pleno, la Proposición de Ley se remite ahora al Senado, donde seguirá el procedimiento de debate en ponencia, comisión y Pleno. La Cámara Alta podrá aprobar el texto en sus términos, presentar enmiendas o proponer un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, la iniciativa regresará al Congreso de los Diputados para la celebración de un último debate antes de su aprobación definitiva.

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