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Diez compañías son responsables de 7.600 muertes prematuras en la UE, según una estimación de la campaña “Un futuro sin carbón”, en el informe Last Gasp, publicado por la Climate Action Network Europe. La estimación, según los modelos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, toma datos de 2016 y responsabiliza también a esas diez compañías de 137.000 casos de asma infantil y 3.300 de bronquitis en adultos.
Cuatro empresas alemanas, tres polacas, una checa, una búlgara y la Endesa —cuyo mayor impacto se hace notar en España, aunque pertenece mayoritariamente a la italiana Enel— son las diez compañías en los diez primeras posiciones de ese listado, en el que también aparecen Naturgy (antes Gas Natural) e Iberdrola como responsables de 180 y cien muertes estimadas cada año por las emisiones de gases y partículas por la quema de carbón.
Las estimaciones se realizan “utilizando modelos de datos que tienen en cuenta las emisiones de las centrales y la meteorología para estudiar sus impactos en la calidad del aire y la salud de la población”, explican desde la plataforma Un futuro sin carbón, que en España integra a Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace, IIDMA, Plataforma por un nuevo modelo energético, SEO/BirdLife, y WWF.
Como reconoce el informe, España es uno de los países más avanzados en el debate sobre la retirada de las plantas de carbón para la generación de energía. Concretamente, Endesa valora cerrar las plantas de ciclo convencional de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) en un periodo de dos años. No obstante, la empresa han invertido otros 300 millones de euros en las plantas de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería). La proyección sobre Endesa del informe sitúa a la empresa presidida por Borja Prado como responsable de 410 muertes prematuras cada año, en el sexto lugar del ránking de empresas más nocivas.
La estimación del informe Last Gasp calcula que cada Megavatio hora producido por Endesa tiene un coste de 52 euros para el sistema de salud español. Los casos graves acarrean unas pérdidas de 1.200 euros y los de efectos menos graves, 700. En total, cada año se pierden 150.000 jornadas de trabajo como consecuencia de los impactos sobre la salud de las emisiones.
Las principales causantes de esos efectos son las partículas en suspensión conocidas como PM 2.5, que pueden provocar afecciones cardiovasculares y respiratorias, y cáncer. Las plantas de quema de carbón influyen a través de la emisión de dióxido sulfúrico (SO2) y óxido de nitrógeno (NOx). Las plantas de carbón son responsables de una cuarta parte de las emisiones de SO2 y del 8% de las de óxido de nitrógeno.
El informe Last Gasp incluye, entre sus recomendaciones, el fin de la inversión en plantas de carbón y lignito de manera inmediata; el compromiso de cierre de las mismas en un plazo de doce años (hasta 2030) y la creación de planes de negocio que se alejen de la dependencia del carbón para cumplir con los objetivos sobre emisiones adoptados en el acuerdo sobre cambio climático de París. Los Gobiernos, continúa el informe, deben llevar a cabo una apuesta por las renovables para que estas sustituyan a la generación “sucia “ de energías. Asimismo, recomiendan imponer tasas y multas al carbón, para forzar a las empresas a tomar medidas de transformación de las líneas de negocio.
Por su parte, las organizaciones españolas piden al gobierno “que no se otorguen más subvenciones al carbón y que establezca el año 2025 como límite para que sigan abiertas las térmicas de carbón en España”.
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Por lo menos el lobby del carbón no ha tenido la desvergüenza -y capacidad de influencia- para declararse energía renovable, como sí hace el lobby de la incineración de residuos que causa muertes y enfermedad en diez kilometros a la redonda de una incineradora.