Educación
El personal interino de la enseñanza arranca la jornada de huelga contra el abuso de la temporalidad

Las protestas contra el denominado “Plan Iceta” se han expandido a varias ciudades del Estado español. Los sindicatos recuerdan que tres de cada diez docentes son interinos y exigen mayor estabilidad en las plantillas para una mejor calidad educativa.
Colegio educacion primaria - 3
El 11 de marzo fue el último día de clases en la educación. David F. Sabadell
18 jun 2021 10:15

Durante todo el día de hoy, viernes 18 de junio, se celebra en diferentes partes del Estado una convocatoria de huelga dirigida al personal temporal e interino funcionario, estatutario y laboral, también del ámbito educativo. El paro ha sido convocado por la Confederación Intersindical junto a otros sindicatos contra el denominado Plan Iceta “de supresión de las interinidades y por la consolidación de empleo del personal que actualmente está trabajando en abuso de la contratación temporal”, exponen los convocantes.

Los Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STEs) “venimos denunciando desde hace tiempo el problema laboral que suponen las altas tasas de interinidad que existen en el sector docente: un 30%, casi uno de cada tres docentes es interino”. Para la formación, este índice supone un problema laboral por la precariedad que implica en el colectivo docente, pero también un problema para el conjunto del sistema educativo “que se ve muy lastrado por la inestabilidad de buena parte de sus claustros”.

Para José Manuel Fernández, co-portavoz del sindicato STERM, el objetivo principal de la huelga es “poner el foco en que el ámbito educativo necesita estabilidad en sus plantillas docentes, y que durante años se ha estado precarizando las condiciones del personal interino”. El Plan Iceta, que pretende reducir las tasas de interinidad esta dejarlas por debajo del 8%, lejos de solucionar esta situación, denuncian desde el sindicato, la agrava al proponer en su modificación obligar a todas las administraciones a sacar en una oferta pública de empleo todas las plazas que vienen siendo ocupadas por personal interino durante tres años consecutivos, para lo cual se prevé un mecanismo sancionador que consistirá en la supresión de esa plaza durante un año completo si no sale en la oferta pública de empleo.  

Las implicaciones de esta reforma, para Fernández, es que “no se castiga a la administración que está incumpliendo, sino al servicio público al eliminar una plaza que posiblemente la administración va a sacar como plaza temporal no estructural” lo que, en esencia, “precariza más la condición de esa plaza y castiga al docente interino que no sabe si va a trabajar o no”. 

En este sentido, la protesta se enfoca en que se negocie precisamente “una solución excepcional para el conjunto de miles de personas interinas de los que el Estado ha estado abusando durante muchos años” —el sindicato hace alusión a la sentencia de 19 de marzo de 2020 del Tribunal Europeo de Justicia, que así lo reconoce— “y de las que ahora puede desprenderse sin ningún tipo de sanción”. La justicia europea instó al Estado español, recuerda Fernández, a que llevase a cabo algún tipo de modificación legislativa para adaptarse a la legislación europea, “pero eso no se ha hecho, y seguimos con altas tasas de interinidad, sufriendo abuso de temporalidad con profesionales en la docencia que llevan 12 o 15 años como interinos, algunas que se van a jubilar directamente como interinas”, expone el sindicalista.

Para el sindicato convocante, la reforma prevista puede derivar en formas de contratación de mayor precariedad y el hecho de que pueda suponer el despido de miles de personas interinas. En este sentido, destacan en su comunicado que “resulta lamentable que precisamente el abuso en la contratación temporal que se ha venido practicando tenga como consecuencia una sanción para las personas abusadas, es decir, el personal interino al que se puede despedir sin ningún tipo de indemnización, y, en cambio, no tenga ninguna sanción para las administraciones responsables de dicho abuso” e inciden en la cuestión de que la reforma, en última instancia, perjudicará a la calidad de los servicios públicos.

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