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Crisis energética
Greenpeace escala una central de Naturgy para denunciar que la gasista es la mayor importadora de gas ruso
Una treintena de activistas de Greenpeace ha escalado a primera hora de jueves la central térmica de ciclo combinado de Campanillas (Málaga), propiedad de Naturgy. La protesta ha consistido en desplegar una pancarta de 15 metros en la chimenea de la planta eléctrica, que funciona a base de gas, con los lemas “El gas financia la guerra” y “Naturgy financia la guerra”.
Con la acción, la organización ecologista denuncia que Naturgy es la mayor compradora de gas ruso en España, con lo que “está costeando la invasión de Ucrania”, denuncian fuentes de la ONG ambientalista. Se trata de una nueva acción de la campaña que Greenpeace está llevando contra la eléctrica y gasística, tras la protesta del pasado 28 de abril en la sede de la gasista en Madrid, en la que recrearon una zona de guerra en la puerta de la misma. El 10 de marzo, asimismo, activistas de la ONG denunciaron la entrada de un metanero cargado de combustible ruso en el puerto de Bilbao, mientras que el 30 de abril integrantes de la organización protestaron simultáneamente en 13 oficinas de la empresa en sendas ciudades.
El 10% del gas total consumido en España es importado desde Rusia por Naturgy que es, a su vez, la primera empresa de España en distribución y comercialización de gas fósil, y la tercera en electricidad. La gasista tiene un contrato con la rusa Yamal LNG, un consorcio propiedad al 80% de la empresa pública rusa Novatec “controlada por dos oligarcas cercanos a Putin, Gennady Timchenko y Leonid Mikhelson.
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Según las cifras que maneja Greenpeace, bajo el contrato se importan anualmente 37 buques de gas procedentes de Siberia, y ya son seis los barcos llenos de gas que ha llegado a España desde el inicio de la guerra. Dichas operaciones tienen un valor de 690 millones de euros. “Con este dinero la maquinaria de guerra de Putin podría adquirir unos 300 tanques T90”, denuncian desde la ONG.
Financiación bélica
“Hemos venido hasta la central térmica de Málaga para denunciar que Naturgy, al generar electricidad quemando gas ruso, es cómplice de la maquinaria de guerra de Putin, porque ese gas procede de una empresa pública ligada al Gobierno ruso”, ha denunciado frente a la central malagueña Paco del Pozo, coordinador de la campaña de Combustibles fósiles de Greenpeace. “Los beneficios exorbitados que obtiene la empresa con la venta de esa electricidad están manchados de sangre porque se usan para financiar la guerra. Basta ya de inyectar cientos de millones de euros a Putin a cambio de gas”, continuaba.
La organización recuerda que en estos momentos la UE está debatiendo el posible embargo al petróleo ruso y considera que este sería “un paso decisivo aunque demasiado lentoi”. Asimismo, reclama que que este embargo se haga extensivo al gas, que es la mayor fuente de financiación fósil de la maquinaria bélica de Rusia que genera 30.000 millones de euros frente 20.000 millones de euros del petróleo.
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Precisamente, ayer las cinco grandes organizaciones ecologistas españolas presentaron una hoja de ruta para hacer frente a la crisis energética, amplificada hoy por la Guerra de Ucrania. Una de las claves de ese plan, basado en conseguir la sobernaía ener´getica y alimentaria, es una reforma estructural del mercado eléctrico para hacerlo 100% renovable y dejar de depender de los combustibles fósiles, especialmente de los importados de Rusia y otros países con regímenes autoritarios, inestables y poco amigos de los derechos humanos.
“Es el momento de parar inmediatamente las importación de combustibles fósiles rusos y exigir cambios estructurales que nos permitan diseñar y participar en un mercado energético dominado históricamente por Naturgy y otras cuatro empresas del oligopolio energético, que han especulado, abusado de beneficios políticos y legales y que se han enriquecido a costa de empobrecer a la sociedad y contaminar el planeta”, añadía Del Pozo. “La energía es un servicio básico e instrumental para demasiados derechos fundamentales (salud, alimentación, educación, etcétera) y con graves impactos sobre el clima como para que no sea tratada desde la justicia social y ambiental”.