Coronavirus
Tres comunidades autónomas ya han rechazado el acuerdo educativo y otras tres lo ponen en duda

Las Comunidades de Madrid y Murcia, gobernadas por el PP, rechazan la medida que anunció el pasado 15 de abril la ministra de Educación, Isabel Celaá, de promocionar de curso al alumnado de hasta primero de Bachillerato excepto “casos excepcionales” —lo cual implica que no es un aprobado general— y de que los contenidos impartidos en la tercera evaluación no sean evaluables para que no puedan perjudicar las notas de los menores, una medida que pretende paliar los efectos de la brecha digital y social que imposibilita la igualdad de oportunidades entre el alumnado.

El anuncio ha dejado flecos sueltos a la espera de más información o algún documento que concrete varias cuestiones, como si habrá actividades de refuerzo en verano y cómo se abordarán, o de qué manera se afrontará el inicio del siguiente curso. En la rueda de prensa del miércoles 15 de abril, Celaá advirtió de que no se trataba de suscribir el acuerdo, sino de dar “un paraguas a las comunidades autónomas para que ejerzan sus competencias, haciendo modificaciones” que consideraran necesarias. Sin embargo, varias comunidades no han tardado en responder mostrando un rechazo frontal a la medida, como es el caso de las de Madrid y Murcia.

Andalucía fue la primera en hacer público su desacuerdo tras la reunión, aunque esta mañana han suavizado su postura a través de un documento en el que la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía matiza que “no puede prestar su conformidad con el acuerdo” hasta que no se fijen “criterios comunes a todo el Estado en lo referente a la promoción, titulación y permanencia en todas las enseñanzas”.

Madrid y Murcia han sido más firmes: la primera ha insistido en que el tercer trimestre sí debe ser evaluable, y desde la Comunidad de Murcia han declarado que solo ratificarán la propuesta de la ministra sobre promoción y titulación de los alumnos “si legisla en esta materia”. País Vasco también ha hecho públicas sus objeciones, pero en su caso hacen alusión a una cuestión de competencias: aseguran que ningún estudiante repetirá por el coronavirus y que no habrá actividad en julio, pero insisten en que están trabajando con la comunidad educativa del territorio.

Castilla y León, comunidad gobernada por el PP, también ha puesto pegas al acuerdo, pero ha manifestado que lo cumplirá excepto en lo que a la promoción general y la titulación se refiere, según varios medios nacionales. Galiza ha sido otra de las comunidades críticas con el acuerdo, aunque de momento no ha dicho que se vaya a desvincular de las decisiones.