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Comunidad de Madrid
La Fiscalía Europea pide investigar al hermano de Ayuso
El contrato de las mascarillas, por el que el hermano de Ayuso habría recibido 283.000 euros, ya da que hablar en Europa. Así, y según Europa Press, la Fiscalía Europea ha requerido a Anticorrupción hacerse cargo de la investigación sobre ese contrato, otorgado sin concurso público, ya que considera que podría haber existido malversación con fondos europeos.
La Fiscalía Europea indica que dicho contrato se pagó con fondos europeos Feder y, por tanto, tienen competencia en la fiscalización de su destino. Podrían por ello iniciar un proceso por malversación y fraude a los intereses de la Unión Europea. Sin embargo, Anticorrupción se ha negado a trasladar la investigación en su totalidad ya que parte de los delitos de corrupción que se estudian serían contra la administración estatal, y nada tienen que ver con la malversación, como son el tráfico de influencias, posible falsedad en la factura, prevaricación y negociaciones prohibidas entre funcionarios.
Corrupción
Corrupción a la madrileña La Fiscalía abre investigación por el contrato de las mascarillas del hermano de Ayuso
Anticorrupción se ha negado a trasladar la investigación en su totalidad ya que parte de los delitos de corrupción que se estudian serían contra la administración estatal
Así, y siempre según Europa Press, desde el organismo estatal han planteado un conflicto de competencias que debe resolver ahora la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.
La Fiscalía abría diligencias
El pasado 22 de febrero la Fiscalía Anticorrupción del Estado abría una investigación tras las tres denuncias presentadas por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos referidas a la adquisición de la Comunidad de Madrid de 250.000 mascarillas por 1,5 millones a Priviet Sportive, S.L., en la que supuestamente habría intermediado el hermano de Ayuso. El administrador único de esta empresa es Daniel Alcázar, amigo íntimo del hermano de Ayuso.
Tomas Díaz Ayuso se habría llevado 283.000 euros por labores de gestión en esta operación, según ha reconocido la propia Comunidad de Madrid.
La Fiscalía consideró procedente la práctica de diligencias, que no eran abiertas contra ninguna persona en concreto, para confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados. Y el organismo fiscal lo justificaba por dos motivos: la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública y por la “indiscutible” trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias “en un momento singularmente difícil para la población madrileña”.
Según la Fiscalía los hechos relatados “no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada”.
En cuanto a la posible responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, “autoridad aforada ante el Tribunal Supremo”, el organismo afirmaba que los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Pero, según este organismo, los hechos relatados ”no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada”.