Catalunya
La inhabilitación de Torra pone a prueba el acuerdo de Sánchez con ERC

La Junta Electoral Central ha decidido inhabilitar de su cargo al presidente de la Generalitat, Quim Torra (JxC), por la condena de desobediencia que pesa sobre él desde la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya del 19 de diciembre. El cese de Torra aún debe ser formalizado por votación del Parlament catalán, pero en teoría el actual president quedará inhabilitado durante 18 meses de sus cargos como presidente de la Generalitat y diputado autonómico catalán, "todo ello con efectos de la fecha en que se notifique íntegramente el acuerdo". El Tribunal Supremo aún tiene que decidir sobre el recurso que presentó el político catalán contra la sentencia del TSJC. Además, Torra puede presentar una petición de medidas cautelarísimas al Supremo para permitirle ejercer mientras se resuelve el recurso.

La JEC ha estimado el recurso presentado por el PP, Vox y Ciudadanos a una resolución anterior de la Junta Electoral provincial de Barcelona, que el 24 de diciembre decidió esperar a la resolución del Supremo antes que despojar a Torra de su cargo. [Actualización: minutos después de anunciar esta decisión, la JEC también anunció la inhabilitación de Oriol Junqueras, presidente de ERC, como eurodiputado, en contra del criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea expresado en su sentencia del 19 de diciembre].

Esta decisión del órgano administrativo pone a prueba, a 48 horas de la primera votación de investidura de Pedro Sánchez, el acuerdo entre el PSOE y ERC refrendado la tarde del jueves por el Consejo Nacional de ERC. A cambio de la abstención de ERC en la investidura, ambos partidos se comprometían a convocar una mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat para avanzar una fórmula de solución en el conflicto territorial y político en Cataluña. La decisión de la JEC deja sin cabeza al actual gobierno de la Generalitat llamado a participar en esta mesa, lo cual debilita un acuerdo que ya había sido cuestionado por sectores procesistas, entre ellos el propio Quim Torra.

Según el texto del acuerdo entre PSOE y ERC, la primera reunión de la mesa se convocará para 15 días después de la investidura, que con toda probabilidad tendrá lugar el martes 7 en segunda votación en el Congreso de los Diputados. La primera prueba para la credibilidad de esta mesa llegará, para los independentistas, con la posición del PSC y de la ejecutiva del PSOE ante las dos votaciones previstas (una en comisión y otra en el pleno) en el propio Parlament catalán, que será el encargado de formalizar (o no) la destitución de Torra.

La posición de la JEC es todavía más polémica, entre medios independentistas o simplemente críticos con las posturas institucionales del llamado Estado profundo con respecto al conflicto catalán, por provenir de un órgano administrativo que previamente apenas se había pronunciado en cuatro casos similares (condenas de inhabilitación a cargos públicos electos), todos ellos motivados por condenas de corrupción a cargos locales en las que, además, los plenos municipales tuvieron la última palabra fuera del debate político estatal. Ocho de los trece ponentes de la decisión proceden del mismo órgano judicial que tendrá que decidir sobre el recurso que ha presentado Torra: el Tribunal Supremo (los otros cinco son designados por los partidos con representación en el Congreso).

La inhabilitación de Torra está motivada por la sentencia del TSJC que condena al político catalán por desobediencia debido a su negativa, en marzo de 2019, a retirar los lazos amarillos en solidaridad con los presos políticos catalanes que colgaban de la fachada de diferentes edificios de la Generalitat. La Junta Electoral Provincial de Barcelona rechazó el 24 de diciembre el cese inmediato del presidente catalán aduciendo que la sentencia del TSJC no es firme y una inhabilitación previa a una sentencia definitiva podría vulnerar el derecho a la representación política recogido en el artículo 23 de la Constitución.

En su reunión de hoy la JEC también tenía previsto abordar la posible retirada de la acreditación del presidente de ERC como eurodiputado, en contra del criterio del Tribunal de Luxemburgo, que falló el 19 de diciembre a favor de la inmunidad del presidente de ERC por su condición de eurodiputado electo con anterioridad a la sentencia en su contra por el juicio del 1 de octubre.