Catalunya
Más de 20 propietarios de fincas agrícolas demandan al Estado por su inacción para proteger el Delta de l’Ebre

Un grupo formado por 22 propietarios de fincas agrícolas —incluyendo dos empresas— del Delta de l’Ebre han demandado al Estado. Cuantifican en 22 millones de euros los perjuicios económicos sufridos por la pérdida de productividad de sus hectáreas agrícolas debido a la salinización y la erosión del terreno. El Delta destaca desde final del siglo XIX por el cultivo del arroz en los humedales, con el agua dulce del río.

Alegan que la construcción y puesta en marcha de las presas de Mequinensa, Ribarroja y Flix entre 1964 y 1969 redujeron “drásticamente” la aportación de sedimentos al tramo final del río Ebro, han explicado los ingenieros Miquel Àngel Albacar y Josep Maria Franquet, los cuales se han ocupado del peritaje. Legalmente, el decreto del 23 de enero de 1973, aún vigente, preveía una serie de medidas para prevenir la degradación del espacio, pero “solo se desarrolló una pequeña parte entre 1981 y 1985”, indica la abogada del Col·lectiu Ronda, Mariona Torra, encargada de defender la demanda.

La puesta en marcha de las presas de Mequinensa, Ribarroja y Flix entre 1964 y 1969 redujeron “drásticamente” la aportación de sedimentos al tramo final del río

Todo ello ha conllevado a una “inacción del Estado” en el “cumplimiento de deber legal” para preservar la integridad del territorio y evitar la regresión del entorno natural —declarado Reserva de la Biosfera en 2013—,  y garantizar su protección ecológica, medioambiental y económica, “frente a los peligros de la salinización y la erosión del terreno”. La salinización de las aguas dulces y la erosión del terreno ante la falta de sedimentos son el resultado de dicha inacción, razonan.

Aseguran, además, que “en innumerables ocasiones” han puesto en conocimiento de la Administración el estado del espacio natural, sobre todo, a través de la Comunitat de General de Regants y el Sindicat Agrícola de l’Ebre, sin éxito alguno. 

Esta es la primera vez que un grupo de personas y sociedades mercantiles se unen para reclamar judicialmente que el Estado adopte las medidas necesarias para preservar la integridad del territorio y denunciar los perjuicios sociales, morales y económicos, ha añadido la abogada en una rueda de prensa ofrecida hoy en el Delta.

La comarca de Terres de l’Ebre basa gran parte de su economía en el cultivo del arroz. La agencia Habitat de la ONU declaró el pasado año que esta comarca sería la primera elegida —una prueba piloto— para estudiar la resiliencia de los entornos urbanos ante retos como el cambio climático y la necesidad de ser sostenibles. La ONU indicó que el Delta es una región frágil y compleja, además de estratégica debido a su gran valor natural.