Crisis climática
“Que paguen los ricos”: protestas en terminales de jets privados en 23 países

El 14 de febrero ha sido un día particularmente movido para el activismo climático. Si por la mañana Greenpeace protestaba contra las macrogranjas sobrevolando en globo las instalaciones del Grupo Fuertes/Cefusa (El Pozo) en Hellín (Albacete) y a mediodía Futuro Vegetal llenaba de pintura el interior del restaurante de Masterchef para pedir el fin de las subvenciones a la ganadería intensiva, a nivel global Extinction Rebellion, Scientist Rebellion y Stay Grounded se unían para llevar la problemática de las emisiones de los jets privados a instalaciones aeroportuarias de una decena de países.

Jets privados y superyates: el lujo, sobrepasando la crisis, despega y contamina el mundo

Jérôme Duval

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Millonarios

El 1% del mundo Jets privados y superyates: el lujo, sobrepasando la crisis, despega y contamina el mundo

Jérôme Duval

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Para ilustrar la vitalidad de la industria del lujo que acompaña a las élites, los vuelos en jets privados se multiplican y los pedidos para la construcción de superyates desbordan… sin tener en cuenta la contaminación que esta industria genera.

Con acciones simultáneas en 23 terminales, las tres organizaciones elevaban la tensión de la campaña Make them pay (Que paguen ellos) para poner el foco en las emisiones de la aviación privada y en el alto nivel de emisiones de las personas más enriquecidas del planeta.

Rose Abramoff, científica ambiental y miembro de Scientist Rebellion, señalaba: “Colectivos como Extinction Rebellion son denostados por llevar a cabo acciones disruptivas que interrumpen la vida diaria, pero queremos dejar constancia que esta acción tiene un objetivo claro: estamos interrumpiendo al 1% que más gana, más contamina y más poder amasa para dificultar cualquier cambio posible”.

Los ricos contaminan más

El objetivo principal ha sido la feria dedicada al sector de la aviación privada y corporativa Air Ops 2023, celebrada en Bruselas entre el 13 y el 15 de febrero. Sin embargo, han sido 23 los puntos finales, localizados en once países —Noruega, Reino Unido, Suecia, Holanda, Italia, Portugal, España, EE UU, Australia y Nueva Zelanda—, donde se han llevado a cabo protestas. En España, las acciones han tenido lugar en los aeropuertos de Ibiza, Mallorca, Madrid, Sevilla y Alicante, protestas que han contado además con el apoyo de otros grupos ecologistas como Greenpeace, Amics de la Terra y Fridays for Future.

El 1% de la población mundial produce más de la mitad de emisiones de la aviación, mientras que el 80% no se ha subido nunca a un avión

“Es hora de prohibir los jets privados y de gravar también a los viajeros frecuentes al máximo. No podemos permitir que los ricos sacrifiquen nuestro presente y nuestro futuro en nombre de sus lujos obscenos e inútiles”, señalan desde la campaña Make them pay. Asimismo, desde Nueva Zelanda, Sara Campbell, de Extinction Rebellion Aotearoa, ha pedido que esos impuestos sirvan para “financiar un transporte público asequible para todos, así como las reparaciones climáticas para los más afectados por la crisis, que son también sus menos responsables”.

Las organizaciones detrás de las acciones denuncian que los jets privados son a menudo utilizados para viajes muy cortos donde existen alternativas mucho menos contaminantes y con un número muy inferior de emisiones. Además, un vuelo de cuatro horas en uno de estos aparatos emite, de media, tanto como una persona media en un año. Asimismo, según la cifras que manejan estos colectivos, uno de estos aviones destinados a los más privilegiados consume 50 veces más energía que un tren.

Las tres organizaciones recuerdan que el 1% de la población mundial produce más de la mitad de emisiones de la aviación, mientras que el 80% no se ha subido nunca a un avión.

Para hacer frente a este problema, en la COP27 el grupo de los Países Menos Adelantados, que agrupa a las naciones más vulnerables al cambio climático, propuso un impuesto mundial a la aviación para financiar los fondos de pérdidas y daños para estos países. Según esta propuesta, estas naciones podrían conseguir 100.000 millones de dólares anuales para hacer frente a la catástrofe.

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