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Crisis climática
Greenpeace lleva a los tribunales de la UE el lavado verde de las energías sucias
El cambio de criterio de la Unión Europea a la hora de catalogar las distintas fuentes de energía puede llegar a los tribunales de justicia. La nueva taxonomía impulsada por la Comisión Europea incluye a energías consideradas como sucias —en concreto el gas fósil y la energía nuclear— dentro del catálogo de inversiones sostenibles, en un intento de la oficina de Ursula Von der Leyen de compatibilizar los requisitos del plan verde europeo —green new deal— con las necesidades consecuencia de la explosión y el caos en los mercados energéticos.
Pero no cuela para Greenpeace, organización que, después de una reunión con la Comisión Europea, ha anunciado que llevará ese cambio de denominación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta mañana, la Comisión ha rechazado una solicitud formal impulsada por la organización con sede en Ámsterdam durante el pasado mes de septiembre.
La reacción de la ONG no se ha hecho esperar "Los mismos contaminadores que Ursula von der Leyen quiere premiar con una etiqueta sostenible son los responsables de muchas de las terribles dificultades que enfrenta la gente hoy en día, como el aumento de los precios y la emergencia climática”.
Según Greenpeace, el cambio en la taxonomía aprobado en julio de 2022 aprobado en la sede del Parlamento Europeo en julio de 2022, vulnera el propio reglamento de taxonomía, la ley climática europea y las obligaciones de la UE en virtud del acuerdo climático de París de 2015.
Aunque los motivos para el rechazo del cambio de criterio son distintas respecto al gas fósil y la energía nuclear, los ecologistas coinciden en que promover estas fuentes de energía supone un retraso pleno para el desarrollo de las energías renovables. En el caso del gas, su uso supera el umbral de emisiones de carbono legal establecido por el acuerdo de París. El problema de las nucleares es el daño significativo que causa al medio ambiente.
El anuncio de Greenpeace sigue la línea trazada por la cancillería austriaca, que en octubre de 2022 anunció, a través de su ministra austríaca de Energía y Medio Ambiente, una demanda contra el nuevo etiquetado. España, Dinamarca y Luxemburgo, han sido otros países que se han mostrado en contra de la medida promovida por el gabinete de Von der Leyen, que cuenta con el apoyo de Alemania, posiblemente el país que más sufre la actual crisis energética de la UE, y Francia, cuya apuesta por lo nuclear es el eje de su política energética.