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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha negado a admitir a trámite la demanda presentada por los jóvenes que en 2019 fueron condenados a penas de hasta nueve años por una pelea en un bar en Altsasu (Navarra) con dos guardias civiles. “La inadmisión no quita valor a nuestra denuncia ni al camino recorrido”, señalan en redes sociales desde Altsasu gurasoak, la plataforma de padres y madres de los jóvenes de Altsasu. “Sabemos que tenemos razón y el apoyo de la sociedad así lo demostró”, añaden.
La demanda planteada resaltaba la falta de imparcialidad de la magistrada que juzgó el caso, Concepción Espejel, que entonces presidía la Sección Primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y que actualmente ha sido elegida como miembro del Tribunal Constitucional ha propuesta del Partido Popular. Antes de la celebración del juicio, los acusados ya habían solicitado la recusación de Espejel por falta de imparcialidad al estar casada con un coronel de la Guardia Civil y haber sido condecorada con la Orden del Mérito de la Guardia Civil, un galardón que se concede por “acciones o conductas de extraordinario relieve que redunden en el prestigio del Cuerpo de la Guardia Civil e interés de la patria”.
La magistrada, que no fue apartada del caso, condenó en junio de 2018 a los jóvenes con penas de hasta 13 años de prisión, al aplicar las agravantes de abuso de superioridad y odio. Un año después, en octubre de 2019, el Tribunal Supremo rebajó las condenas hasta en tres años y medio a algunos de los condenados, al eliminar las agravantes.
Las defensas de los jóvenes condenados volvieron a recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional, que no admitió la demanda, y después al TEDH. Denunciaban la desproporcionalidad de las penas impuestas, la parcialidad de los jueces de la Audiencia Nacional, ya que el tribunal rechazó muchas de las pruebas presentadas por las defensas —como una fotografía que desmiente la versión vertida por la acusación en cuanto a la identidad de uno de los jóvenes que participaron en la pelea—, y varios de los testigos propuestos. En un primer momento, en julio, el tribunal europeo admitió las demandas de los jóvenes de Altsasu. Según explicaba entonces la abogada Amaia Izko, esta primer admisión suponía superar “un primer filtro” y no determinaba la posición del tribunal.
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