Ocupación israelí
Barcelona suspende su hermanamiento con Tel Aviv para denunciar el apartheid contra el pueblo palestino

“Excmo. Sr. Benjamín Netanyahu, Primer Ministro, Estado de Israel”. Con este encabezado empieza la carta que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha hecho pública esta tarde en sus redes, y en la que expone al dirigente israelí la decisión tomada desde el Ayuntamiento tras escuchar la petición que cien colectivos radicados en la ciudad han planteado al consistorio: “Romper con los acuerdos de hermanamiento que Barcelona mantiene con el Ayuntamiento de Tel Aviv”. Unos acuerdos, que, explica la alcaldesa: “no responden ni al contexto ni a los objetivos con los que fueron firmados hace ahora 25 años”.

🛑ÚLTIMA HORA!: L’alcaldia de Barcelona suspèn relacions institucionals amb Israel i l’agermanament amb Tel-Aviv. Un triomf de la campanya "Barcelona amb l'Apartheid no", després de molts anys de feina. #BCNambApartheidNo https://t.co/hoeO197tqU pic.twitter.com/1vFv9NLTzk

— ProuComplicitat (@proucomplicitat) February 8, 2023

Junto a esta demanda, la petición, bajo el nombre de ‘Barcelona amb l’Apartheid NO, Barcelona amb els Drets Humans SÍ’, y resultado de un proceso participativo, que ha sido rubricado por miles de firmas de la ciudadanía, incluye la “denuncia al crimen del Apartheid contra el pueblo palestino”, y, “dar impulso a las entidades palestinas e israelíes que trabajan por la paz en el territorio”.

Bajo el nombre de ‘Barcelona amb l’Apartheid NO, Barcelona amb els Drets Humans SÍ’, la petición a la que ha atendido la alcaldesa exige, junto al fin del hermanamiento con Tel Aviv, “denunciar al crimen del Apartheid contra el pueblo palestino” y “dar impulso a las entidades palestinas e israelíes que trabajan por la paz en el territorio”

En su comunicado, la alcaldesa de Barcelona procede, tal y como le obliga el proceso participativo, a dar respuesta institucional a la petición. Colau reproduce los argumentos de las entidades firmantes de la petición que señalan “la violencia que padece el pueblo palestino en un proceso de persecución y desposesión que dura ya más de setenta años.  Décadas de ocupación militar por parte del estado de Israel en los territorios ocupados, incluido Jerusalén Este”.

La carta recuerda que, como se ha señalado desde Naciones Unidas, la ocupación israelí choca con el derecho internacional, mientras que políticas como la anexión de territorios, promoción de asentamientos, y vulneración de los derechos de la población palestina, violan tanto la Convención de Ginebra, como la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 1967.

“Lo que está ocurriendo en Palestina no es un conflicto. Es una colonización y un apartheid”

Sarah Babiker

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Palestina

Al Haq “Lo que está ocurriendo en Palestina no es un conflicto. Es una colonización y un apartheid”

Sarah Babiker

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Mariam es representante en Bruselas de Al Haq, la veterana organización de derechos humanos palestina. No usa su nombre real porque el Estado de Israel considera que documentar las violaciones de derechos humanos que perpetra cotidianamente es terrorismo.

En su escrito, Colau recopila las denuncias contra el apartheid de numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos en los últimos años, y también de organizaciones como “Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la asociación israelí B’Tselem”, las cuales, recuerda “han denunciado que las prácticas del estado de Israel contra la población palestina pueden constituir crímenes contra la humanidad de Apartheid y persecución”.

La decisión del ayuntamiento se suma a la reciente resolución del Parlament de Catalunya, por la que se calificaban “las prácticas de ocupación israelíes como ‘equivalentes al Apartheid’”. En los últimos meses las violaciones de los derechos de las personas palestinas, no han hecho más que agravarse. Durante el 2022, fueron 170 los palestinos y palestinas muertos, junto a una intensificación en la persecución de las organizaciones de derechos humanos palestinas. El nuevo gobierno de Netanyahu, que volvió al poder el pasado diciembre tras pactar con la ultraderecha, dejó 35 muertos solo en enero. Todo esto constituye, denuncia Colau, “una nueva era de impunidad que nos obliga a tomar medidas: no podemos quedarnos inmóviles ante la violación del derecho internacional”.

La alcaldesa reivindica el lugar de las ciudades, en “la construcción de la Paz y la defensa de los Derechos Humanos”, poniendo como ejemplo la suspensión de relaciones de la ciudad con San Petersburgo, en respuesta a la acción rusa contra Ucrania. “Como Alcaldesa de Barcelona, ciudad mediterránea y defensora de los Derechos Humanos, no puedo permanecer impasible ante la vulneración sistemática de los derechos básicos de la población palestina”, explica en su misiva, apostando por no hacer “doble rasero”.

El Ayuntamiento de Barcelona rompe toda relación con Israel “hasta que las autoridades israelíes pongan fin a la violación sistemática de los Derechos Humanos contra la población palestina”

Tras condenar como alcaldesa la violencia que ha sufrido por su parte la población civil israelí, Colau resuelve, en la carta dirigida al primer ministro de Israel, suspender, no solo el hermanamiento con Tel Aviv si no toda relación con este Estado “ hasta que las autoridades israelíes pongan fin a la violación sistemática de los Derechos Humanos contra la población palestina y cumplan plenamente las obligaciones que le imponen el derecho internacional y las distintas resoluciones de Naciones Unidas”.

La alcaldesa cierra el documento reafirmando que su resolución afecta a las relaciones institucionales y en ningún caso a la ciudadanía, reivindicando el legado judío de la ciudad, y haciendo un gesto a las comunidades hebreas que aún la integran. Insiste en diferenciar las críticas a las políticas del Estado de Israel, respecto a los ataques al pueblo judío. Una aclaración que cobra sentido mientras Israel invierte millones de euros en confrontar la solidaridad con el pueblo palestino, e impregnar las legislaciones de una definición de antisemitismo, en la que se pretende descalificar cualquier tipo de crítica con el Estado israelí, sus prácticas o sus políticas englobándolas como odio contra el pueblo judío.