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Medio ambiente
La lucha por la defensa del mayor banco de berberechos de Galicia: “Los vertidos nos van a dejar sin futuro”
Rosa Martínez tomó conciencia de lo que le venía encima un día de febrero leyendo la prensa. La Xunta autoriza el vertido de aguas residuales de la mina de San Finx al arroyo de Rabaceiras, rezaba un pequeño titular en un periódico regional. No daba crédito. Ella forma parte de una de las más de 1.500 familias de mariscadoras que faenan en las playas de la ría de Muros e Noia. Como todas sus compañeras, Rosa sabía que aquella no era una noticia cualquiera. El arroyo de As Rabaceiras es parte de la red fluvial que alimenta la ría que le da de comer. La ría donde se encuentra el mayor banco de berberechos de Galicia. No es una exageración. De esas arenas sale el 70% del berberecho que se produce en el país. Es el sustento principal de las villas de alrededor. Según los cálculos del propio Gobierno gallego, cerca de 5.000 familias están asentadas en ese enclave y eso es gracias a este sector primario. “Hay comercio y hostelería porque hay berberecho y almeja. El primer escalón de la riqueza de este lugar sale del mar. Si nosotros no podemos ir a la marea, aquí no va a haber futuro. Los vertidos nos van a dejar sin él”, relata.
Ella y sus compañeras reconocen que tienen miedo por la incertidumbre de lo que pueda acontecer río arriba. A apenas siete kilómetros de allí, están localizadas las minas de San Finx (Lousame, A Coruña). Hace más de cien años, en ese lugar se instaló una explotación de minería de volframio y estaño. El auge, claro, llegó en la Segunda Guerra Mundial. Los dictadores fascistas Francisco Franco y Adolf Hitler firmaron un acuerdo en Hendaya que, entre otras cosas, comprometió al Estado español a satisfacer la demanda de estas materias primas para el armamento del ejército de la Alemania nazi. En aquel momento, la mina llegó a tener más de treinta puntos de extracción diferentes y, hoy, allí quedan los restos. La mina paró de explotarse en 1989 y se inundó con cientos de miles de metros cúbicos de agua que ahora contiene metales pesados como zinc, cadmio y cobre. Toda esa agua en condiciones extremadamente peligrosas para la salud del medio ambiente y humana es la que la Xunta acaba de autorizar bombear. Exactamente, 890.000 metros cúbicos que serán vaciados, en última instancia, en la ría de Muros e Noia.
Una batalla larga del ecologismo gallego
“Es un primer desenlace a siete años de retrasos”, recuerda Joam Evans, activista de Ecoloxistas en Acción y una de las personas que más de cerca sigue un conflicto medioambiental que lleva enquistado en su villa más de un siglo. Como buena parte de las mariscadoras, Evans explica que tiene esperanza en la vía judicial: “En este caso se están haciendo las cosas desordenadamente. La Xunta autoriza estos vertidos para una explotación minera sin que esa propia actividad tenga una Declaración de Impacto Ambiental aprobada”.
La resolución definitiva puede producirse dentro de casi una década si las apelaciones acaban en el Tribunal Supremo
La sociedad civil de la comarca ya ha agotado las herramientas de la vía administrativa y este, apuntan, será el hilo que vertebre los procesos judiciales que llegarán de forma inminente. La resolución definitiva puede producirse dentro de casi una década si las apelaciones acaban en el Tribunal Supremo. Por eso, recuerda Evans, “resulta fundamental conseguir una paralización cautelar”. Si no, el daño en medio natural puede demorar décadas en recomponerse. Sin esa medida y con la autorización de la Xunta ya activa, la empresa podría comenzar los vertidos “aunque dentro de una década se declarase ilegal“. Además, reconocen que ya están formalizadas denuncias por vía penal contra los tres funcionarios que tramitaron la resolución y la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez.
La bióloga de la Cofradía de Pescadores de Noia, Liliana Solís, complementa con argumentos científicos el clamor de las personas que mariscan a pie. “La bioacumulación de metales pesados en organismos marinos como el berberecho y la almeja puede ser peligrosa debido a que pueden causar efectos negativos en la salud humana al ser consumidos”, expone. Este tipo de metales del que hay constancia en las minas de San Finx, como el cadmio, el cobre y el zinc, son elementos químicos tóxicos que quedan presentes en el agua y los sedimentos del mar. Los organismos marinos, especialmente el berberecho y la almeja, pueden absorberlos a través de la filtración de agua y la ingesta de estos sedimentos. Entonces, se van acumulando en sus tejidos y no se degradan. Si las personas ingirieran mariscos contaminados podrían llegar a desarrollar efectos negativos en la salud humana. El cadmio, por ejemplo, puede dañar severamente los riñones. Pero lo cierto es que la normativa actual no permitiría que llegaran a la cadena alimentaria y ese es el gran riesgo socioeconómico que sobrevuela la ría.
Un clamor social en la comarca
“Nos enfrentamos la que si esos niveles de presencia de metales pesados superasen los permitidos por la propia Xunta de Galicia, declararían los bancos marisqueros como no aptos para el consumo. Sería un golpe fatal para nuestras vidas”, lamenta la trabajadora del mar, Rosa Martínez. Sus padres se ganaban la vida con el marisqueo. Sus abuelos, lo mismo. Fue lo que les permitió asentarse en el territorio y no tener que migrar. Por eso, dice, va a llegar “a donde haga falta”. “Si hay que engancharse con cadenas a la mina, pelearse o dormir allí, que tengan claro que vamos a hacer eso y todo lo que podamos”, avisa. Esta mujer no está sola. A su lado tiene a la mayor parte de la sociedad civil de la comarca. “Al final, las personas se han dado cuenta de que si esto falla, acabaremos siendo expulsados de aquí todos. Yo quiero que mis hijas puedan vivir aquí y, como yo, cualquier vecino”, reflexiona.
De esa transversalidad da buena cuenta la última gran movilización social que aconteció en la villa. “Allí se vio la influencia potencial que esta atrocidad puede tener en la vida de las familias que vivimos aquí”, señala el patrón que representa los mariscadores a pie de la cofradía, Francisco Pérez. “Nadie da garantías de nada. Se habla de que se van a hacer depuraciones, pero no hay nada que las acredite. Por eso protestamos”, añade. “No podemos permitir que desaloje ese agua porque sería un cáncer para nuestra ría, que antes o después llegaría a su fin. Son muchos puestos de trabajo directos e indirectos. Las cuatro cofradías de la comarca decidimos que no se debe verter ese agua y lucharemos con lo que haga falta para que no se haga”, gritó el patrón mayor de la cofradía de Portosín, Isaac Gaciño, delante de una plaza atestada de gente hace apenas dos semanas.
“Ese día se vio la dimensión de lo que puede significar para nosotros. Cerraron los bares, los comercios, las panaderías... Estamos todos juntos en esto”, reivindica Rosa Martínez. “Esta lucha acaba de empezar, tenemos que seguir, no podemos parar. No vamos a permitir que haya ninguna clase de toxicidad en la ría, sea de la mina o de donde sea. La ría es nuestra y vamos a luchar por ella”, concluía el patrón mayor de Portosín en una de las manifestaciones más grandes que se recuerda en la villa.
Uno de los mayores problemas es la contaminación del suelo, ya que la extracción de minerales implica la remoción de grandes cantidades de tierra y roca, lo que puede generar daños irreversibles en los ecosistemas naturales
Allí también estaba Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, que secunda el apoyo a los vecinos. Recuerda que los peligros ambientales asociados a la minería son diversos y van desde la degradación del suelo y el agua hasta la emisión de gases tóxicos y la destrucción de hábitats naturales. Uno de los mayores problemas es la contaminación del suelo, ya que la extracción de minerales implica la remoción de grandes cantidades de tierra y roca, lo que puede generar daños irreversibles en los ecosistemas naturales. Además, los residuos generados por la actividad minera pueden contener sustancias tóxicas como el mercurio, el plomo, el cianuro y otros metales pesados que pueden filtrarse en el suelo y el agua subterráneo. Sobre eso, añade Joam Evans, “en el futuro puede ser todavía peor”. En este momento, esas aguas ya contaminadas “tienen una presencia de metales pesados muy inferior de la que tendrían si la actividad minera volviera a arrancar”. Además, la construcción de las presas y diques para almacenar los residuos mineros (que ya existen) interrumpen el flujo de agua natural y que altera el ecosistema acuático. De hecho, aun hoy los ríos de la comarca fluyen oscuros y densos por la actividad minera del pasado.
¿Quien está detrás de la reactivación de la mina?
El organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Augas de Galicia, autorizó a la empresa Tungsten San Finx, S.L., filial de la mercantil australiana Pivotal Metals que, curiosamente, no cuenta con ninguna otra explotación minera en el mundo. En ese sentido, la Xunta reconoce que, en cualquier caso, “para poder llevar a cabo la fase de explotación minera, necesitará de una autorización explícita de la Administración autonómica y, por lo tanto, requerirá la necesaria evaluación ambiental”. Es decir, la resolución de autorización de vertido emitida, en ningún caso, permite el desarrollo de la actividad minera en ese punto de la explotación. Algo que en la comarca consideran incomprensible.
La propia consellería explica que obliga a unos “condicionantes estrictos” en la autorización. La limitación a los caudales de vertido en las fases de vaciado y en la de explotación es uno de ellos. En concreto, la fase de vaciado, actividad previa a la explotación, debe realizarse en tres etapas con una duración de 494 días para lo vaciado de un total de 889.885 metros cúbicos. En la fase de explotación se establece el caudal tratado podrá conseguir un total de 631.836 metros cúbicos al año, correspondiendo 481.800 m³ a aguas extraídas de las galerías y 150.036 m³ a aguas de resbala de la zona industrial. Esto es, según los cálculos de Ecoloxistas en Acción, duplicar el caudal del río durante más de un año.