Justicia
Entra en prisión el juez que prevaricó contra Victoria Rosell

Salvador Alba, juez de instrucción condenado a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación con pérdida del cargo de magistrado, ha entrado en la mañana del 18 de octubre en la prisión El Salto del Negro (Las Palmas I), en Gran Canaria. Hasta última hora, el exmagistrado ha tratado de evitar su ingreso en la cárcel, con varios escritos de recusación al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que han sido rechazados.

Los hechos que han supuesto la entrada de Alba en prisión tuvieron lugar en el año 2016. En 2018 fue condenado por el TSJC por delitos de prevaricación, en concurso con el de cohecho, y falsedad en documento oficial. El tribunal consideró probado que el magistrado se reunió con el empresario del sector de la seguridad y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en el despacho de Alba en la Audiencia Provincial.

Ramírez estaba acusado de varios delitos fiscales. Pero el juez Alba negoció con el abogado del empresario para que vinculase con sus empresas al marido de la entonces diputada de Podemos, Victoria Rosell, también juez en Canarias y actualmente delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

El 16 de marzo de 2016 se produjo un encuentro entre el juez y el empresario, en el que el primero le prometió trato de favor —una declaración de nulidad de actuaciones que agotaba la causa contra el empresario— a cambio de que aportase información que ayudase en una querella que el exministro José Manuel Soria había interpuesto contra Rosell. Fruto de aquellas informaciones, el diario El Mundo publicó información lesiva para Rosell.

Ramírez grabó la conversación y la entregó en los juzgados, en unos audios que fueron definitivos para la condena contra Santiago Alba. La condena consideró probado que Alba había prevaricado al desviarse de su investigación del objeto del procedimiento, que omitió su obligación de veracidad al entregar documentos falsos para incriminar a Rosell e incurrió en cohecho pasivo propio al solicitar a Ramírez ayuda para perseguir a la entonces diputada de Podemos, que, como consecuencia de aquel proceso en contra suya, renunció a la reelección de su cargo parlamentario en las elecciones de 2016. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias no le consideró culpable de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y de revelación de secretos.

En noviembre de 2021 el Tribunal Supremo confirmó la condena pero no ha sido hasta 2022, cuando el exmagistrado, que agotó todas las instancias y alegó tener una enfermedad grave para evitar su ingreso en prisión, se ha presentado a las puertas de Las Palmas I, donde tendrá un trato especial dado su estatus de exfuncionario judicial.