Fronteras
Fondos de la ayuda al desarrollo acaban financiando a la guardia costera libia

En la reunión del G6 en Sevilla de octubre de 2017, los ministros de Interior de los seis países más poblados de la Unión Europea coincidieron en la necesidad de limitar la llegada de migrantes a la UE.

Para conseguir este objetivo sin tener que hacer frente a posibles crisis en las fronteras de la UE, donde en teoría rigen las leyes europeas —algo cada vez más discutible después de los casos del Tarajal, las devoluciones en caliente o las irregularidades en el improvisado CIE de Archidona—, los ministros del G6 apostaron por “reforzar las fronteras” de Níger, Libia, Mauritania, Marruecos, Senegal o Turquía, países sobre los que pesan graves acusaciones de violaciones de derechos humanos.

La UE pretende, de esta forma, frenar a los migrantes en los países de origen o en los enclaves de paso, sin importar demasiado el precio, ya sea dinero, derechos o vidas humanas. Al menos esta es la opinión de Amnistía Internacional, que denunció que este tipo de acuerdos permiten que terceros países “hagan el trabajo sucio” en el control migratorio de las fronteras europeas. “España es firme partidaria de la prevención”, fue la manera de explicarlo del ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, en la cumbre de Sevilla. 

Desvío de los fondos de ayuda al desarrollo

No es ninguna novedad que Europa financia el control fronterizo de terceros países en la cuenca mediterránea y África sin pedir garantías de respeto a los derechos humanos. Sí lo es que lo está haciendo con partidas de ayuda al desarrollo. Concretamente, a través del desvío de dinero del Fondo Fiduciario de la UE para África, un fondo diseñado para “hacer frente a las causas profundas de la migración irregular y del desplazamiento de personas en África”.

En el caso de Libia, la UE debería asegurarse “que el apoyo económico no se entregue a la guardia costera libia o a otros actores que puedan violar los derechos humanos”

Así lo denuncia Concord, la coordinadora europea de ONGD, en un informe preliminar al que ha tenido acceso El Salto. El estudio realizado en tres países —Libia, Níger y Etiopia— concluye que la UE debe “repensar drásticamente su política migratoria”. En el caso de Libia, debería asegurarse “que el apoyo económico no se entregue a la guardia costera libia o a otros actores que puedan violar los derechos humanos”, a la vez que se garantiza que el apoyo económico se utilice “para contribuir a la estabilidad a largo plazo del país y a la protección de quienes más la necesitan”. Entre las recomendaciones del informe, destaca la petición de que cese “cualquier tipo de ayuda a la guardia costera libia”. 

A mediados de noviembre de 2017 un vídeo difundido por la ONG alemana Sea Watch mostraba cómo a una patrulla libia se negaba a colaborar en el rescate de una embarcación cargada de personas y provocaba la muerte de al menos 50 de ellos, según esta organización.

Poco después del incidente, la ONU condenó la “inhumana” cooperación de la Unión Europea con la guardia costera libia. En este país, según el alto comisionado de los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, unas 19.000 personas están detenidas en unas “condiciones horribles”. El “sufrimiento” de los inmigrantes encarcelados en Libia con dinero europeo fue descrito por Al Hussein como una “atrocidad para la conciencia humana".

Ya en mayo de este año, la ONG alemana Jugend Rettet Iuventa había denunciado que la guardia costera libia había respondido con disparos el intento de esta organización de rescatar migrantes en alta mar. 

Lanzado en noviembre de 2015, el Fondo Fiduciario de Emergencia (EUTF) es el principal instrumento financiero que vincula a la UE con sus socios africanos en el campo de la migración. El EUTF se nutre en un 90% de Ayuda Oficial al Desarrollo, la mayoría proveniente del Fondo Europeo de Desarrollo, por lo que su implementación “debe guiarse por los principios clave de la eficacia del desarrollo”, señalan desde la Coordinadora de ONGD de España.

En Níger, otro de los países investigados por Concord, casi la mitad de todo el apoyo de este fondo para el desarrollo se utiliza “para reducir el tránsito de migrantes”

En Níger, otro de los países investigados por Concord, casi la mitad de todo el apoyo de este fondo para el desarrollo se utiliza “para reducir el tránsito de migrantes”. Para la plataforma, la cooperación europea en Níger “tampoco tiene en cuenta las relaciones entre las redes de contrabando y el Gobierno”, facilitando las prácticas de corrupción y poniendo en peligro los derechos humanos de los migrantes.

El precedente más cercano se encuentra en el acuerdo firmado entre la UE y Turquía en marzo de 2016 para “garantizar que los refugiados y los migrantes no puedan salir de Turquía”, según Concord. A cambio de esta ayuda, que sirve para fortalecer las patrullas fronterizas y la guardia costera turca, el país recibió 6.000 millones de euros del Parlamento Europeo. El acuerdo fue duramente criticado por diversas ONG por la violación sistemática de los derechos humanos en la Turquía de Recep Tayyip Erdoğan.