Educación
El Gobierno apuesta por un curso completo y presencial pero no descarta cierres puntuales de colegios

Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional; Salvador Illa, ministro de Sanidad; y Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, han comparecido la tarde de este jueves 27 tras su reunión con las comunidades autónomas en la que han acordado un documento de actuaciones coordinadas en Salud Publica con el que “actualizar un marco común que genere confianza en la comunidad educativa”. El documento reúne 29 medidas y cinco recomendaciones para los centros educativos frente al covid-19: “Buscamos esa tranquilidad en la familia porque sabe que va a llevar a sus hijos a un entornos seguro”, ha asegurado Celaá.

A unos días del inicio de curso y bajo un clima crispado por la falta de concreción en la vuelta al curso y el recelo que han mostrado algunas comunidades en contratar a más profesorado para reducir ratios, los ministros presentes en la comparecencia han querido insistir en el compromiso con la actividad lectiva presencial “para todos los niveles y etapas, priorizando al alumnado de menor edad”, según ha expresado la ministra de educación.

“Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso, asegurando el comedor escolar”, ha asegurado Celaá, si bien ha añadido que “atenderemos en todo momento a la evolución de la pandemia y las decisiones de las autoridades sanitarias”.

Entre otras cuestiones derivadas del documento, los ministros han hecho referencia a la figura de una persona responsable en los centros “que debe estar familiarizada con todos los documentos relacionados con la pandemia”, a la ya anunciada obligación del uso de mascarilla a partir de los seis años, medidas higiénico sanitarias —mínimo cinco lavados de manos al día— y a la prioridad de establecer grupos de convivencia estable, medidas todas ellas, dicen, con un doble objetivo:conseguir el mayor grado de presencialidad posible para el alumnado y lograr “una vuelta al cole saludable y sostenible”. 

“Hay que ir a clase”

Una de las cuestiones más repetidas entre las preguntas ha sido la del absentismo. Celaá ha anunciado que se ha encargado informe jurídico que será puesto a disposición de las autonomías en una próxima reunión, y ha insistido en “recordar a las familias que la educación es un derecho fundamental de las personas y que la educación obligatoria se extiende de los seis a los 16 años”. Si bien, dice, “el Ministerio no va a hablar todavía de medidas coercitivas, hay que ir a clase”.

“Obviamente no existe el riesgo cero en ningún ámbito social —ha añadido la ministra—, pero la escuela en este momento, tal y como se está preparando, es mucho más segura que cualquier otro ámbito al que se puede llevar al alumno”. Por su parte, el ministro Salvador Illa se ha mostrado sorpendido ante una pregunta sobre la posibilidad de que la familia lleva a su hijo o hija enferma al colegio: “Vamos a ser todos serios porque si no esto no tiene solución, ¿A quién se le puede ocurrir hacer esto?”, ha cuestionado. Sin embargo, en cuanto a la conciliación familiar, el documento de hoy no recoge nada al respecto, aunque, según Celaá, “podéis tener la plena seguridad de que este Gobierno siempre ha estado y estará preocupado por dar una respuesta a las familias acorde a las necesidades”.

Illa también ha detallado algunas de las 29 medidas y cinco recomendaciones que contempla el documento entre las que, además de las mencionadas, está una correcta ventilación de las aulas y la toma temperatura tanto en casa como en la escuela.

Preguntado por cómo actuar cuando hay un caso confinado y si se valora el cierre de las escuelas, el ministro ha recordado que el protocolo marca que “si el positivo hace referencia a grupos de convivencia estable, el grupo deberá confinarse, mientras que si es en un aula se rastrearán los contactos estrechos”. Se considera brote a partir de tres casos y el cierre solo se contempla en caso de “una transmisión descontrolada”: “No hay blancos y negros, hay que estudiar los casos y tomar decisiones, bien cerrar aulas, suspender una línea educativa, pero siempre dejar como última solución en caso de una transmisión no controlada y generalizada el proceder a, de forma temporal, cerrar el centro”, ha declarado. Sin embargo, también ha recordado que las autonomías sí tienen potestad para decretar el cierre de los centros. 

Sobre la realización de PCR, no ha habido un acuerdo concreto y el ministro de Sanidad ha insistido en que es más eficiente hacer cribados que realizar tests “de manera indiscriminada”. Más allá de las medidas sanitarias y en lo que se refiere a la adaptación programática de la docencia, Celaá ha recordado que éstas ya se incluyen en el acuerdo del 11 de junio: “Los centros educativos son los encargados de seleccionar los contenidos esenciales, y han de ser guiados por las comunidades educativas y las autónomas”.

Mientras las quejas por la inacción durante los últimos meses en materia de vuelta a las aulas han inundado las redes los días previos a la comparencencia, los tres ministros han insistido en que se “está trabajando [en la cuestión de la vuelta al cole] desde hace meses”, haciendo mención a las seis conferencias sectoriales con consejeros de educación que se han celebrado —esta ha sido la primera con el Ministerio de Sanidad y de Política Territorial— y “respetando las competencias de las autonomías”.

Preguntada por el desmarque del acuerdo educativo sobre la evaluación en abril y el posible desmarque de este documento, Celaá ha descartado esa hipótesis asegurando que “el ambiente de educación siempre es bueno” mientras Darias ha añadido que “siempre hay más ruido fuera que dentro”.