Deforestación
De la sabana brasileña al jamón en tu mesa: la cadena española de la deforestación

Cargill y Bunge son dos nombres poco conocidos entre el público generalista, pero son los actores internacionales clave en una historia que relaciona el producto derivado del cerdo que llega a los hogares españoles y la destrucción de dos de los ecosistemas más ricos en diversidad del planeta: la selva del Amazonas y la sabana brasileña de El Cerrado, hogar este último del 5% de las especies animales y vegetales del mundo, y fuente de ocho de los doce ríos brasileños.

Ambas multinacionales distribuidoras de materias primas son responsables del 59% de las importaciones de soja llegadas a España de Brasil desde 2018, según la investigación Engordados con deforestación, realizada por Laura Villadiego y Brenda Chávez, de Carro de Combate, un colectivo de periodistas e investigadoras independientes centrado en el consumo global desde una perspectiva socioambiental. Y esa soja no es precisamente sostenible. Los datos recabados por las investigadoras conectan algunas de las grandes marcas de porcino en España con soja con un alto riesgo de deforestación en las regiones brasileñas de la Amazonía y El Cerrado. 

Sin trazabilidad

“Hay una opacidad total en la cadena de suministro de la soja en la industria de los piensos española, y en concreto de la industria de los pisos dedicados a porcino, que es lo que hemos investigado”, explica Laura Villadiego. “A pesar de que la industria se está empeñando mucho en intentar mostrar que tiene una mayor trazabilidad y una mayor sostenibilidad en la soja, lo que hemos visto es que ni existe esa trazabilidad ni tampoco se puede asegurar que haya esa sostenibilidad porque la procedencia de esa soja puede considerarse que tiene un alto riesgo de deforestación”.

“¿Cómo la industria puede asegurar que su soja es sostenible y está libre de deforestación si ni siquiera sabe de dónde viene?”, denuncia Laura Villadiego

Las cifras son preocupantes, más aún en clave de la crisis climática y biodiversidad en la que nos encontramos: la deforestación en la Amazonía brasileña para usos agrícolas y ganaderos alcanzó un nuevo récord en el primer trimestre de 2022, con 941 km² de selva destruidos, según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales brasileño, mientras que el Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonía advirtió que la deforestación del este aumentó en un 56,6% en los últimos tres años. 

La sabana de El Cerrado tampoco se salva de la espiral deforestadora: crece cada año, siendo un 8% mayor en 2021 que en 2020. Entre 1970 y la actualidad el ser humano ya ha acabado con la mitad de este rico ecosistema tropical. Además, la presión sobre este área ha aumentado en los últimos años “y ha crecido aún más después de que la guerra en Ucrania haya afectado a las cadenas de suministro de la industria de los piensos, llevando a España a mirar hacia América para buscar suministros alternativos”, señalan desde Carro de Combate.

A pesar de que en 2019 seis de las grandes comercializadoras de soja globales —DM, COFCO, Louis Dreyfus Company (LDC) y Viterra (Glencore Agriculture), junto a Bunge y Cargill— crearon el Soft Commodities Forum (SCF), una plataforma a través de la que afirmaron que protegerían 25 zonas de alto riesgo de la ecorregión del Cerrado, una reciente investigación de Harvest y la Rainforest Foundation Norway reveló que Cargill y Bunge solo habían implementado medidas parciales para reducir la deforestación y que incluso las áreas prioritarias en las acciones de las empresas experimentaron un incremento de un 34% de deforestación entre 2018 y 2020.

Importación deforestadora

De vuelta a la conexión española con este drama ecológico, la razón por la que el sector español está ligado a la destrucción de bosques es que, según explica Villadiego, “la mayor parte de las grandes empresas españolas de piensos se suministran de soja con las dos grande intermediarias, Cargill y Bunge, y estas dos empresas, durante los últimos años, han seguido teniendo un problema muy grande de deforestación en la soja procedente de Brasil, tanto de la Amazonía como de El Cerrado”.

La ecorregión de El Cerrado viene sufriendo una importante presión de la industria agraria debido a la moratoria de nuevas plantaciones de soja en la Amazonía decretada en 2006. “Buena parte de la producción de soja se ha desplazado a El Cerrado”, expone la investigadora, quien añade que “los datos muestran que la cadena de suministro de la soja de España también se ha desplazado a El Cerrado”. La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos calcula que aproximadamente un 41% de la soja importada desde Brasil procede de El Cerrado, mientras que un 31% vendría de la región amazónica.

Nanta, Piensos Sol, Cefusa (Grupo Fuertes - El Pozo), Bonàrea y Vall Companys son las principales empresas españolas compradoras de soja

Cargill y Bunge tienen una fuerte presencia en los principales puertos importadores de soja en España. En concreto, Bunge tiene instalaciones en Barcelona, Cartagena y Bilbao, donde utiliza plantas procesadoras, y Cargill se centra en Barcelona, aunque usa también Marín, Huelva y Tarragona. Cargill, que se ha especializado en la importación de harina de soja, ha introducido en el país 105.425 toneladas entre 2016 y 2021, mientras Bunge ha importado a España 1,9 millones de toneladas de habas de soja en el mismo periodo.

Uno de los problemas reside en estas instalaciones. “La soja, ya sea en forma de habas o directamente procesada como torta, llega a estas instalaciones y se mezcla. Hay grandes hangares en los que se tira todo, vienen los camiones y van echando, pero no hay una trazabilidad ni una separación de qué es lo que viene y de dónde”, relata Villadiego. “¿Cómo la industria puede asegurar que su soja es sostenible y está libre de deforestación si ni siquiera sabe de dónde viene?”.

Así, el consumidor no tiene forma de conocer si la carne que ha comprado procede de animales cuyo alimento no ha participado en la destrucción de las grandes ecorregiones tropicales. “Es imposible saber qué tonelada de soja ha contribuido a la deforestación y cuál no, y por eso es imposible saber qué cerdo se ha comido esa soja y cuál no. No lo saben ni las propias empresas”, denuncia la investigadora de Carro de Combate, quien aboga por que las empresas hagan los deberes e introduzcan sistemas de trazabilidad serios. “Siempre insistimos en no poner la responsabilidad en los hombros de los consumidores—expone la investigadora— pero es verdad que consumiendo porcino en España es muy probable que de una manera u otra haya habido algún tipo de relación con la deforestación”.

Una vez procesada, la soja es vendida por estas multinacionales a productores españoles de pienso, ya que el país es el segundo mayor productor de este producto dedicado principalmente al engorde de ganadería de Europa y cuarto productor de carne de porcino, según datos de la FAO relativos a 2019. En 2020, dos tercios de los 3,5 millones de toneladas de habas de soja importadas en España procedían de Brasil, de las cuales un 87% fue utilizado en la producción de pienso para ganadería. 

Integración

Nanta, Piensos Sol, Cefusa (Grupo Fuertes - El Pozo), Bonàrea y Vall Companys son las principales empresas compradoras españolas. De hecho, la interacción con el sector cárnico es total, ya que algunas compañías incluyen la fabricación de su propio pienso para los animales de sus instalaciones intensivas y macrogranjas. Es el caso de Nanta, que se dedica al porcino a través de Inga Foods; el Grupo Fuertes, propietaria de El Pozo; el Grupo Alimentario Guissona, que incluye los supermercados BonÀrea; o Vall Companys, propietaria de la marca de productos de porcino Patel, además de suministradora de Campofrío. Muchas son empresas integradoras, compañías donde tiene lugar la totalidad del proceso de cría y producción cárnica, y en las que el modelo de macrogranja industrial e intensiva es predominante.

“Si se supone que cuando se apruebe esta nueva directiva las empresas van a tener que demostrar que su soja está libre de deforestación, ¿cómo lo van a hacer si no tienen ningún sistema de trazabilidad en su cadena?”, se pregunta Villadiego

Asimismo, las investigadoras de Carro de Combate han encontrado que varias empresas cárnicas conectadas con la soja de El Cerrado se benefician de fondos europeos diseñados, al menos en parte, para promover una agricultura más sostenible y a la reducción de emisiones en el sector agroalimentario. En concreto, 21 empresas —incluyendo Campofrío, Vall Companys y el Grupo Fuertes— han presentado un proyecto a los fondos de recuperación europeos por valor de más de 5.000 millones de euros para transformar el sector cárnico, incluyendo una mejora en la sostenibilidad y la reducción de emisiones. “Sesupone que una de las máximas de esos fondos de recuperación era promover una salida a esta crisis de la covid de forma más sostenible”, señala con ironía Villadiego.

Reglamento pendiente

Este año la Unión Europea, como segundo mayor responsable de la deforestación tropical, tiene previsto actualizar el reglamento de comercialización de productos asociados a la destrucción de bosques. En la nueva legislación, que pretende prohibir la entrada en Europa de materias primas relacionadas con esta práctica destructiva, tendrá una importancia capital la trazabilidad de las materias primas. “Si se supone que cuando se apruebe esta nueva directiva las empresas van a tener que demostrar que su soja está libre de deforestación, ¿cómo lo van a hacer si no tienen ningún sistema de trazabilidad en su cadena?”, se pregunta Laura Villadiego

Sin embargo, la propuesta actual deja fuera importantes materias primas como el caucho, el maíz o la caña de azúcar, así como materias relacionadas con la industria cárnica, como es el caso de la soja en determinados ecosistemas. 

El Cerrado es uno de los ecosistemas que no se incluyen en el texto actual, entre otras sabanas, pastizales y humedales. Por ello, dos centenares de organizaciones ecologistas se han puesto manos a la obra y están presionando a sus respectivos gobiernos para que el futuro Reglamento relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos derivados asociados a la deforestación y la degradación forestal sea realmente efectivo contra un problema que, lejos de arreglarse, empeora cada año.