Coronavirus
Fiscalía ha archivado cerca del 90% de las investigaciones sobre muertes en residencias

Las más de 300 querellas que se han presentado en las distintas fiscalías por las muertes en las residencias a causa del covid-19 “se están cerrando sin abrir investigación”, denuncian desde Amnistía Internacional. Según apuntan desde esta organización, al menos en 129 casos el cierre de la investigación se ha hecho sin siquiera haber llamado a testificar a los familiares de las personas fallecidas para que pudieran participar en el procedimiento y aportar información. En concreto, según datos de Amnistía Internacional, el 89% de las investigaciones penales de la Fiscalía han sido archivadas, a pesar de que desde esta institución se ha reconocido que se produjo una situación objetiva de vulneración de derechos fundamentales en las residencias.

Desde que estalló la pandemia de coronavirus, en España han muerto 92.966 personas por este virus, según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Sanidad, fechados el 28 de enero de este año. De ellas, más de la tercera parte han muerto en residencias, 35.670 en total. 

“Hasta el momento, las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias, tal y como exige el derecho internacional sobre derechos humanos”, señalan desde Amnistía Internacional, que recuerda que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exige el acceso de las víctimas a un recurso judicial que sea efectivo y el Protocolo de Minnesota sobre investigación de muertes potencialmente ilícitas recoge que la obligación de investigar es una parte esencial de la defensa del derecho a la vida.

“Más de 35.000 personas fallecieron en las residencias y sin embargo no hay ninguna persona declarada responsable por lo sucedido”

“Más de 35.000 personas fallecieron en las residencias y sin embargo no hay ninguna persona declarada responsable por lo sucedido. No podemos simplemente dar por hecho que las cifras de muertes en residencias son inevitables y se deben a la pandemia, ni tampoco atribuir toda la responsabilidad a quienes cuidaban a nuestras personas mayores, porque aunque existan múltiples factores que expliquen estas muertes, las medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de derechos humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, que se ha hecho eco de las denuncias de organizaciones de defensa de los derechos de las personas residentes como La Plataforma y Marea de Residencias, entre otras. 

Desde Amnistía Internacional ya presentaron en diciembre de 2020 un informe en el que se documentaban las vulneraciones de derechos sufridas por las personas que viven en residencias durante la pandemia. “No le derivaron a un hospital a pesar de estar grave. Estuvo cuatro días muriéndose. Hablé con el médico desesperada para que le derivaran, pero el médico me dijo que les habían prohibido llevar a los enfermos de las residencias a los hospitales, que solo podían ponerle oxígeno y paliativos hasta que su cuerpo aguantara. Fue horrible porque vivo a 300 metros de la residencia y cada vez que me asomaba al balcón era horrible saber que mi padre se estaba muriendo tan cerca y no podía cogerle la mano, despedirme de él”, explica Elena Valero, quien perdió a su padre en marzo en una residencia de Madrid, en uno de los testimonios recogidos por Amnistía Internacional en este informe.

Desde la organización señalan que, ante el cierre de las investigaciones por parte del Ministerio Fiscal, son los familiares los que están presentando denuncias y querellas ante los tribunales, lo que supone “una carga más sobre las víctimas”, denuncian. También destacan que desde el Consejo General del Poder Judicial no se está realizando un seguimiento sobre los procesos judiciales relacionados con las muertes en las residencias. “No lleva a cabo un cómputo de los casos en tribunales, ni ha incorporado en su estadística judicial un indicador de recogida de datos de actividad judicial que permita hacer seguimiento global de estas causas, contribuyendo así a la falta de información y transparencia”. 

Desde Fiscalía, según ha comprobado este medio, los últimos datos ofrecidos sobre las investigaciones en torno a las muertes en residencias datan de julio de 2020, cuando contaban 228 diligencias de investigación abiertas. Desde mayo, según resaltan desde Amnistía Internacional, la Fiscalía ha abierto más de un millar de diligencias civiles sobre la situación de las personas que viven en residencias, pero no se han realizado inspecciones presenciales. “Esta falta alarmante de inspecciones sobre el terreno dificulta que la Fiscalía pueda acceder a una fuente directa de información que podría apoyar una investigación eficaz en los tribunales”.

Protocolos y falta de asistencia sanitaria 

Además de las denuncias presentadas contras las residencias, desde Amnistía Internacional señalan que Fiscalía tampoco ha investigado de forma adecuada los protocolos que las distintas comunidades autónomas publicaron en torno a la no derivación a los hospitales de las personas que viven en residencias.

En julio de 2020, la Fiscalía General de Madrid archivó la denuncia interpuesta por la Asociación El Defensor del Paciente contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el protocolo que ordenaba no trasladar a los hospitales a los usuarios de residencias. “La Fiscalía se basa sorprendentemente en que el protocolo del 18 de marzo de 2020 eran ‘recomendaciones’ con lo que está negando un derecho fundamental, el deber de socorro”, aseguraban desde Marea de Residencias a El Salto tras una concentración celebrada en noviembre de 2021. En su memoria de 2020, la Fiscalía afirmaba que no se habían hallado pruebas ni indicios de delito respecto a los políticos que dieron las órdenes.

El auto de la Audiencia Provincial de Madrid “muestra con claridad la necesidad de investigar de forma exhaustiva el papel que tuvieron estos protocolos en la derivación hospitalaria y los medios disponibles en las residencias para prestar atención médica a los enfermos que no fueron derivados a los hospitales”, señala Amnistía Internacional

El argumento de Fiscalía contrasta, sin embargo, con el auto del 10 de enero de la Audiencia Provincial de Madrid, en el que se estiman parcialmente los recursos interpuestos por familiares de personas fallecidas en residencias de Laguna. Este auto “muestra con claridad la necesidad de investigar de forma exhaustiva el papel que tuvieron estos protocolos en la derivación hospitalaria y los medios disponibles en las residencias para prestar atención médica a los enfermos que no fueron derivados a los hospitales”, señala Amnistía Internacional, que sí que apunta a estos protocolos como los responsables directos de la muerte de miles de personas en Madrid y Catalunya. “Los criterios, además de la fragilidad, incluyeron factores como la edad o el deterioro cognitivo, no relacionados con el pronóstico de vida del paciente y asociados al hecho de vivir en una residencia, lo que resulta discriminatorio”, explican desde la organización.

A nivel político, Amnistía Internacional critica que tampoco se han concluido comisiones de investigación. Los parlamentos autonómicos “solo han desarrollado, en el mejor de los casos, investigaciones parciales que no aseguran un conocimiento completo de los hechos”, explican. El parlamento de Castilla y León cerró la única comisión de investigación sobre las muertes en las residencias que aún seguirá en marcha con el adelanto electoral, al igual que pasó en Madrid en julio de 2021. “A nivel estatal, el Congreso de los Diputados no ha puesto en marcha ninguna comisión de investigación sobre lo sucedido, y a nivel autonómico los intentos han sido en su mayoría inútiles y obstaculizados por los partidos gobernantes, sin importar el signo político”, resaltan desde Amnistía Internacional. “Las autoridades no pueden excusarse en sus mayorías parlamentarias para evitar cumplir con sus obligaciones, por eso pedimos la creación de una comisión de verdad en el Congreso que analice lo sucedido en residencias durante la pandemia, dé respuesta a las familias para acceder a la verdad y adopte recomendaciones específicas para que no vuelva a suceder algo similar”, afirma Beltrán.